La degradación del medio ambiente es un asunto prioritario que demanda atención urgente para mantener la vigencia de los derechos humanos; en ello coincidieron los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), al analizar el tema “El derecho al medio ambiente”.
En el foro del Seminario Internacional “El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos: desafíos mundiales para el Estado Constitucional”, señalaron que las acciones humanas han conducido a que la crisis ambiental se agudice ante la presencia de fenómenos naturales, sin embargo, durante la etapa de pandemia por COVID-19 la inactividad económica y social produjo impactos ecológicos y medio ambientales positivos globales, coincidieron en señalar.
El presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, estableció que este derecho humano “entraña el deber de conservar el medio ambiente y la obligación por parte de los agentes del Estado de velar por una utilización racional de los recursos disponibles y la creación de normas capaces de hacer frente a los efectos adversos ambientales, con el objetivo de garantizar una vida saludable y productiva, en armonía plena con la naturaleza.”
Para garantizar dicho derecho, Olvera García hizo el llamado a las autoridades a mantener de forma permanente el programa “Hoy no circula”, y propuso hacer una revisión más eficiente de las emisiones de efecto invernadero de la industria, tener un transporte colectivo sustentable y fomentar el uso de la bicicleta en la entidad.
Al respecto, los integrantes de la RIEC reiteraron que en el contexto de la Agenda de los Derechos Humanos, el derecho al medio ambiente se concentra en la promoción de una estructura inalienable que constituye el espacio vital en el cual vivimos y convivimos, cuya preservación y protección determina el ejercicio de nuestros derechos humanos.
Los académicos coincidieron también en que el reconocimiento de este derecho, tanto en ordenamientos constitucionales como en instrumentos internacionales, le otorga una naturaleza colectiva, de la cual deriva la obligación de mantener en equilibrio las condiciones ambientales que posibilitan la vida y el desarrollo de nuestro planeta.
Finalmente, se pronunciaron por la necesidad de revisar las políticas públicas medio ambientales que actualmente se promueven, sobre todo por la reticencia gubernamental para efectuar transiciones energéticas sustentables, que se basan en la explotación de recursos fósiles y la construcción de refinerías en tiempos de pandemia.
