Mediante reformas a la Constitución estatal, la diputada Elena García Martínez (morena) propuso la disolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y establecer que los órganos de control interno de los sujetos obligados serán los encargados del ejercicio del derecho de las personas a la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Esto con el fin de homologar el marco jurídico estatal con la reforma constitucional federal de diciembre de 2024 en materia de simplificación orgánica, que ordenó extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y transferir sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal, con el objetivo de hacer más eficiente el ejercicio de este derecho.
Al explicar su propuesta, la parlamentaria detalló el proceso a seguir, primero con la extinción del Infoem y después establecer las dependencias y órganos que estarán a cargo del ejercicio del derecho a la transparencia y el acceso a la información.
Simplificación burocrática y reforma a la transparencia
Bajo este contexto, la iniciativa precisa que el Ejecutivo estatal determinará la dependencia que asuma las funciones del Infoem, por lo que sus recursos financieros, presupuestales, materiales y humanos, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos, se trasladarán a esa dependencia.
Asimismo, se deroga la facultad del Instituto de iniciar leyes, el proceso para la designación de sus comisionados, lo relativo a las controversias derivadas de las solicitudes de información y a sus funciones en el Sistema Estatal Anticorrupción. Por otra parte, los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Infoem, serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.
Además, al eliminar una estructura burocrática onerosa como la del Instituto, y centrar esta función en los órganos de control interno de los sujetos obligados, se reducen los gastos operativos, se evita la duplicidad de funciones y permite una mejor coordinación de las políticas en esta materia.
