El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Baruch Delgado Carbajal firmó el Pronunciamiento público sobre el Artículo 4.1 BIS del Código Civil estatal dirigido a la LIX Legislatura local, para que inicie la armonización de la legislación secundaria con estándares y principios constitucionales y convencionales con respecto al matrimonio igualitario, a fin de que no se violenten los derechos a la igualdad y a la no discriminación.
Ante la presencia de Israfil Filós Real, presidente de la asociación civil Grupos Vulnerables; miembro del Consejo ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, de la Codhem, Patricia Mireles Sosa; e integrantes de la representante de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), explicó que se presentaría este mismo miércoles ante la Oficialía de Partes del Congreso mexiquense.
Detalló que es un planteamiento que se hace, tras la recopilación de declaraciones y principios así como el análisis de principios de carácter universal, regional, nacional y legislación local, que señalan que todas las autoridades, incluidas la legislatura, deben buscar que al emitir la normatividad, se respete la dignidad de las personas y no violenten derechos fundamentales.
Asimismo, explicó que si bien la petición de los representantes de dicha comunidad, fue promover una acción de inconstitucionalidad, al existir el plazo de 45 días posteriores a la aprobación de una ley, no es procedente ya que la última reforma al Código fue en 2010, sin embargo, la Comisión tiene la facultad para pronunciarse públicamente sobre un tema vigente y que esté regulando la vida social en un Estado o comunidad.
En ese sentido, la Codhem estima que la institución del matrimonio, en los actuales términos en el Código Civil estatal, contraviene y violenta dos principios fundamentales que son base de los derechos humanos, que son el derecho a la igualdad constitucional, jurídica y social, así como el derecho a la no discriminación por ningún motivo, entre ellos por preferencias sexuales.
El ombudsman puntualizó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, establece el principio de interpretación y el principio pro persona, y con ello, dos obligaciones para todas las autoridades en el país a respetarlos, e incluso existe una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano armonice la legislación secundaria y nacional a estándares constitucionales y convencionales.
En el caso específico del matrimonio igualitario se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora, la tarea de todas las autoridades es acatar dicha disposición.
Por su parte, Israfil Filós Real hizo un reconocimiento a la Comisión por brindarles el acompañamiento en esta exigencia que no sólo se refiere al matrimonio igualitario, sino al respecto al concepto más amplio de los derechos humanos y al Estado de Derecho.
Destacó que se tiene el respaldo social con más de 50 mil firmas de ciudadanos, el jurídico con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el académico con las declaraciones de apoyo del Rector de la UAEM, Jorge Olvera García y ahora con el respaldo moral que otorga la Codhem con dicho pronunciamiento público, por lo que sólo falta la voluntad de los diputados para que hagan su trabajo y no lo pospongan.
