La diputada Juliana Felipa Arias Calderón, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 60 Legislatura, presentó un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, y a los 125 ayuntamientos para que tomen como referencia de población objetivo de políticas públicas para los indígenas los datos emanados de la Encuesta Intercensal 2015, en particular el concepto de ‘población indígena autoadscrita’, a fin de que sea considerada en la elaboración de los proyectos de presupuesto para el año fiscal 2020 no se le discrimine.
Ello, en virtud de que el concepto de hablante de una lengua indígena, considerado a la fecha como base del cálculo, es discriminatorio, ya que excluye al 84.74% de población indígena que debiera beneficiarse de las políticas públicas correspondientes y con ello garantizar el ejercicio de sus derechos.
Al dar lectura a su iniciativa, la legisladora aseguró que elaborar políticas públicas utilizando sólo el criterio lingüístico lleva a considerar una población objetivo no acorde con la realidad, discriminando a la mayoría de quienes tienen derecho a ser beneficiarios de esas políticas.
Calificó como incomprensible que las instituciones estatales elaboren las políticas públicas bajo criterios lingüísticos, pese a que la normatividad establece que es la conciencia de la identidad indígena la determinante para identificar a la población objetivo.
Lo anterior, al recordar que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en armonía con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, enfatizan que la conciencia de la identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Destacó también que en el cuestionario básico de la Encuesta Intercensal 2015 por primera vez se añadió una pregunta dirigida a toda la población para identificar a las personas que se autoadscriben como indígenas, lo cual permitió identificar al segmento de la población nacional que se considera indígena.
Debido a ello, los datos de la Encuesta Intercensal reflejan que mientras en el Estado de México existen 419 mil 647 hablantes de alguna lengua indígena, en realidad hay 2 millones 751 mil 672 autoadscritos con plena conciencia de su identidad indígena.
Por lo anterior, la legisladora insistió en que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de crear las políticas públicas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Esta iniciativa se remitió, para su análisis y dictamen, a las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.
