Propone Maribel Martínez que honorarios del perito tercero, sean cubiertos por partes contendientes

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La diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), propuso ante el pleno de la 60 Legislatura mexiquense, reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para que los honorarios de los peritos oficiales terceros, sean cubiertos por las partes de los juicios civiles, en igualdad de proporción y de acuerdo a las disposiciones que emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).

La iniciativa fue turnada para su estudio a la comisión de Procuración y Administración de Justicia. (Foto: especial).

En sesión plenaria, la legisladora expuso que en el Poder Judicial, ha aumentado la petición de los servicios de peritos oficiales y que ello representa altos costos económicos y humanos.

Detalló que se ha incrementado la tramitación de juicios, pues en el año 2018 atendieron más de 240 mil asuntos familiares, civiles, mercantiles, penales y de justicia para adolescentes.

“El Tribunal Superior de Justicia se ha visto en la necesidad de realizar contrataciones de peritos externos, que a la fecha rebasan el 75 por ciento de la plantilla de peritos oficiales con la que se contaba años atrás, generando gastos insostenibles a corto, mediano y largo plazo”.

En ese sentido, destacó la necesidad de adicionar un segundo párrafo al artículo 1.322 de dicho Código, ya que resulta insostenible para el TSJEM, seguir asumiendo los costos de los dictámenes emitidos por los peritos terceros en discordia, quedando a salvo los servicios periciales en materia de psicología familiar y trabajo social.

Asimismo, explicó que su iniciativa toma como base los estándares sociales y legislativos, los ajustes y cambios económicos, así como la densidad poblacional y el incremento de las contiendas judiciales.

Agregó que no se vulnera el derecho a la justicia gratuita, ya que los honorarios periciales son un gasto derivado de la tramitación judicial, que deben asumir las partes de manera ordinaria en la defensa de sus intereses, como son la obtención de copias certificadas y documentos originales, los honorarios de abogados o publicación de edictos, dijo que dichos costos pueden recuperarse cuando se obtiene una sentencia favorable.

La iniciativa fue turnada para su estudio a la comisión de Procuración y Administración de Justicia.

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