Los diputados Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, propusieron expedir la Ley de Imagen Institucional para el estado de México y sus Municipios, a fin de establecer con claridad y precisión las bases y directrices del tratamiento de la imagen institucional de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, ya sea centralizada, paraestatal o paramunicipal.
Con la iniciativa presentada ante el Pleno de la 60 Legislatura, los legisladores panistas buscan que el diseño del logotipo oficial de las administraciones estén libres de lemas, ideas, expresiones, imágenes, colores o cualquier elemento visual que se vincule con persona alguna, partido político u organización privada o social con fines distintos a la función pública, con lo cual se evitarán gastos a las administraciones por cambio de imagen y a los ciudadanos por tener que realizar trámites en nueva papelería, además de que se unificará la imagen del gobierno.
El documento puntualiza que, al regular la utilización de colores (blanco, gris y negro) en la imagen de los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal y municipal se permite que todos los integrantes de la sociedad se identifiquen con ella, además de que se aplicaría a partir de las administraciones públicas municipales de 2022-2024 y la administración estatal 2023-2029.
En la exposición de la iniciativa, la diputada Ingrid Schemelensky señaló, para ilustrar la magnitud del gasto en cambio de imagen, que se ejercen hasta 114 millones de pesos para cambiar colores y logotipos de 28 mil 417 vehículos de las administraciones en la entidad y más de 322 millones de pesos en pintura para nuevos colores de los edificios públicos.
La propuesta también señala que en 2018 el gobierno estatal gastó más de 304 millones de pesos para posicionar su marca, lo cual representó 138 millones de pesos más que en 2017, recursos doblemente superiores al monto ejercido por el programa de atención médica para personas con discapacidad.
Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y al Comité de Comunicación Social.
