Propone PRD adecuar instrumentos de defensa de ciudadanos en contra de autoridades judiciales

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A fin de adecuar los recursos de defensa legal, revocación y queja con el marco constitucional federal sin modificar el recurso de apelación y con un enfoque de derechos humanos, el diputado Omar Ortega Álvarez presentó, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

los recursos de defensa son aquellos instrumentos procesales con los que cuentan los ciudadanos para oponerse a la actuación de la autoridad cuando considere que no está apegada a la ley o que violenta sus derechos (Foto: especial).

El documento expone que los medios de defensa con los que cuenta el justiciable afectado por actos o resoluciones de la autoridad judicial fueron establecidos hace más de 80 años y las modificaciones posteriores solo fueron de forma y no de fondo, colocando a quien se somete a la acción de los tribunales en un estado de indefensión contra la autoridad judicial. 

Al presentar la iniciativa ante el Pleno, el coordinador parlamentario perredista explicó que los recursos de defensa son aquellos instrumentos procesales con los que cuentan los ciudadanos para oponerse a la actuación de la autoridad cuando considere que no está  apegada  a  la  ley  o  que violenta  sus  derechos, y puntualizó que la garantía de la defensa procesal “es un derecho fundamental”. 

Agrego que en aras cumplir con el interés superior de la niñez, la iniciativa también propone que, en los casos que se involucren derechos e intereses de menores y mayores de edad sujetos a tutela, se faculte a los jueces del orden familiar para que la audiencia resuelva los recursos de revocación que en esta se interpongan, efectuando aquellos en los cuales se estimen violentados los derechos o intereses de los sujetos a tutela o puedan provocar un daño irreversible. 

La iniciativa fue remitida a la comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.

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