A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar propuso considerar las prácticas para cambiar o anular el libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual e identidad y expresión de género de una persona como tortura y tipificarlas como delito con sanciones de tres a 12 años de prisión.
En sesión del Tercer Periodo Ordinario, la legisladora expuso que en el presente varios sectores de la comunidad LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales) son agredidos con golpes, mutilación de miembros, torturas y asesinatos y a pesar de ello no se está legislando debidamente al respecto.
Conforme al texto de la iniciativa muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos, por el hecho de tener preferencias sexuales diferentes, son privados de su libertad a fin de ser sometidos a actos de tortura y violaciones correctivas, así como a terapias de conversión y medicación con el objeto de no permitir su autodeterminación psicológica o física sobre su género o preferencia sexual, ya sea por servidores públicos, un tercero o sus propios familiares.
Agregó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió un pronunciamiento sobre el tratamiento denominado ‘Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género’, en el que básicamente menciona que son prácticas fraudulentas, que atentan contra el reconocimiento de la identidad de género y viola derechos humanos, además de que puede considerarse como tortura para quienes son obligados a someterse a estos tratamientos.
La iniciativa de reforma a los artículos 2, 3, 4 y 4 Bis de La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de México se remitió para su dictamen a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos.
