La bancada priista en la Comisión Permanente del Congreso propuso reformas para sancionar con penas de 10 a 45 años de cárcel a los funcionarios aduanales, militares y policiacos que permitan el ingreso ilegal de armas a México.
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el senador Fernando Castro presentó el paquete de reformas, que también contempla sanciones de 10 a 30 años de cárcel a los ex militares, funcionarios o ex policías que fomenten el tráfico de armas.
En la tribuna del Salón Verde de San Lázaro, denunció que en Estados Unidos se puede adquirir un fusil de asalto AK-47 hasta en 15 dólares y ese es el armamento que está entrando a México con la complacencia de autoridades y funcionarios aduanales.
La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos plantea también penas de 10 a 30 años de cárcel cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial.
La misma sanción se aplicará si fue miembro de algún servicio privado de seguridad o del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo, señala la iniciativa presentada por el senador por Baja California.
Castro Trenti expuso que en México la proliferación de armas de fuego y explosivos ha fomentado la ola de violencia, además de prolongar los conflictos entre cárteles y contribuir a exacerbar la inseguridad en gran escala.
