El Grupo Parlamentario del PVEM en la 60 Legislatura mexiquense propuso que se sancione, con una multa de 40 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien haga uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad y a los concesionarios de estacionamientos que no respeten la gratuidad del servicio para los vehículos que porten las calcomanías distintivas oficiales.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón dio lectura a la iniciativa que considera necesaria esta reforma porque la legislación estatal en materia de movilidad para las personas con discapacidad no cumple con su cometido.
Ante Luis Miguel Rebollar Avilés y Norberto Jaimes Javier, ciudadanos con discapacidad invitados a presenciar la sesión, quienes fueron recibidos por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, la legisladora explicó que el derecho a la movilidad de las personas en esta condición muchas veces se ve obstruido por automovilistas que ocupan los cajones de estacionamiento destinados a ellas o que obstruyen las rampas de acceso por horas.
La propuesta, turnada para estudio y dictamen a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y para la Atención de Grupos Vulnerables, plantea también establecer como obligación del Instituto Mexiquense para la Protección e Integración de las Personas con Discapacidad el garantizar y vigilar que se cuente con cajones reservados en los estacionamientos de la entidad, así como su correcto uso.
La propuesta incluye prohibir el uso de lugares de estacionamiento exclusivos por automóviles en los que no se transporten personas con discapacidad y que no estén debidamente acreditadas y obligar a los concesionarios de estacionamientos a destinar dos cajones por cada 30 para uso exclusivo, los cuales deberán ubicarse en lugares preferentes.
También propone establecer que los cajones exclusivos sean utilizados gratuitamente, durante las primeras cuatro horas, por vehículos que porten las calcomanías distintivas expedidas por las autoridades del estado y armonizar la legislación vigente en materia de estacionamientos para personas con discapacidad.
