Con el fin de poner un alto a las personas servidoras públicas que ocultan actos de corrupción en diversos ámbitos de la administración pública, la diputada Graciela Argueta Bello (morena) formuló el incluir, en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Contraloría del Poder Legislativo, por dedicarse a la investigación, sustanciación y sanción de las faltas administrativas cometidas por este Poder o por personal de los ayuntamientos.
Actualmente el Comité se integra con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Fiscalía General de Justicia estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa estatal, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el Comité de Participación Ciudadana del propio Sistema, y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por lo cual se busca incluir a la Contraloría.
La reforma plantea considerar como en desacato a la persona servidora pública que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades de los sistemas anticorrupción estatal y municipales, proporcione información falsa, no brinde respuesta oportuna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de haber sido impuestas medidas de apremio.
Asimismo, promueve que el informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, de la aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia y así la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de las recomendaciones que corresponde emitir al Comité Coordinador referido, se publique en la Gaceta de Gobierno y se presente ante la legislatura en turno, con la presencia de las personas titulares del Ejecutivo y el Judicial.
Legislatura podrá solicitar comparecencia de autoridades que rechacen recomendaciones anticorrupción
Respecto de las recomendaciones que está facultado a emitir el Comité, derivadas de los resultados presentados en el informe anual, cuando sean rechazadas por las dependencias o personas a quienes van dirigidas, la legislatura, a través de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales podrá solicitar (de oficio o a petición del Comité) la comparecencia de la autoridad o persona servidora pública, a efecto de que justifique su negativa u omisión a la recomendación.
