Proponen juicio político a funcionarios involucrados en desvío de recursos

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El Grupo Parlamentario del PRD propuso una iniciativa para devolver a la Legislatura del estado de México la función de calificar las cuentas públicas y con ello dar inicio al procedimiento de juicios políticos a funcionarios involucrados en el desvío de recursos.

Grupo Parlamentario del PRD propuso una iniciativa para devolver a la Legislatura del estado de México la función de calificar las cuentas públicas (Foto: Especial).

En sesión del Primero Periodo Ordinario, la legisladora Araceli Casasola Salazar presentó, a nombre de la bancada perredista, una iniciativa para reformar la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política estatal, para que se recupere la facultad de calificar las cuentas públicas del estado y de los Municipios a la Legislatura, la cual se perdió con una reforma constitucional en 2006.

Esta propuesta, señaló la diputada, la había presentado ella en la 59 Legislatura pero no pasó, por lo que ahora, ante el cambio de grupo mayoritario en el Congreso, la expuso de nuevo en el Pleno, con el objetivo de nutrir las iniciativas presentadas por morena, PT y PAN en días pasados, las cuales van en el mismo sentido y están en trabajos de comisiones.

“La calificación de la cuenta ha sido presentada por varios grupos parlamentarios de las diferentes corrientes políticas y hoy no queremos ser la excepción; lo comentaba cuando calificamos la Cuenta Pública que su servidora había hecho esta propuesta en la Legislatura pasada y hoy vengo a reiterarla como Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática”, expresó.

Araceli Casasola explicó que la calificación de las cuentas públicas está vinculada directamente a la figura del juicio político, por lo que para analizar la importancia de este vínculo en el sistema jurídico debe enfatizarse que una de las causales que aún prevalecen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tanto del ámbito federal como local, para proceder a la instauración del juicio político consiste precisamente en las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública, y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos.

“De las conclusiones a las que llegarían los legisladores en esta fase de revisión de los recursos públicos se derivaría, de ser el caso, el inicio del procedimiento de juicio político en contra de aquellos representantes populares que, en el ejercicio de su función de gobierno, incurrieran en esas violaciones graves a las que se ha hecho referencia”, indicó.

La legisladora sugirió que al revisar las iniciativas de las cuentas públicas, se considere que la corrupción está también en otras situaciones, como en el ejercicio del presupuesto.

Para su análisis y discusión, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia delÓrgano Superior de Fiscalización.

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