En un paso crucial para combatir la revictimización y la normalización de la violencia, el Gobierno del Estado de México, liderado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, publica una reforma fundamental.
El Decreto reforma el Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, estableciendo sanciones para aquellos que revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas.
Bajo las iniciativas conocidas como «Ley Ingrid» y «Ley Ocaña», esta medida busca preservar la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos. La legislación, con penas de cuatro a ocho años de prisión, multas y reparación integral del daño, representa un firme compromiso contra la exposición masiva de material sensible en medios y redes sociales.
La reforma considera la participación de servidores públicos de la cadena de justicia, imponiendo penas adicionales a quienes tengan acceso a información vinculada a procedimientos penales o investigaciones. En especial, se enfoca en la difusión de material de víctimas vulnerables, incrementando las penas de manera significativa.
“A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares…”, detalla la reforma.
Esta acción coordinada entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es una respuesta directa para evitar que casos como «Ley Ingrid» y «Ley Ocaña» se repitan. El objetivo es claro: frenar la revictimización y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de quienes han sufrido delitos.
Cabe recordar que el decreto deriva de las iniciativas presentadas por las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y la Diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
Este decreto, aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México, es una muestra tangible del compromiso del gobierno para construir un marco jurídico que fomente el bienestar y cero tolerancia hacia actos que vayan en contra de los principios éticos fundamentales.
La iniciativa se enmarca dentro de una política de cero tolerancia a actos de corrupción y refleja el compromiso del gobierno de construir un entorno legal que promueva el bienestar y la seguridad de las familias.
