El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para incluir en la Constitución local los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, conforme al decreto de reforma constitucional federal publicado el 15 de noviembre de 2024.
De acuerdo con el documento, expuesto por la parlamentaria Sara Alicia Ramírez de la O (PT), con esta reforma se establecería la obligatoriedad de observar el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares en la administración pública estatal y municipal, la erradicación de la brecha salarial, así como la prevención, investigación y sanción de las violencias de género.
En cuanto al principio de paridad, la reforma incluye a gabinetes, cargos ejecutivos y de toma de decisiones, con la finalidad de garantizar una representación equitativa en los ámbitos político, económico, social y cultural; mientras que, en el aspecto salarial, se garantiza que a trabajo igual corresponda salario igual, sin importar sexo o género, además de que dispone la implementación de mecanismos legales para reducir esta desigualdad.
En materia de seguridad pública, se incorpora la perspectiva de género para que las instituciones del sector y procuración de justicia tengan el deber de priorizar la atención a mujeres, niñas y adolescentes, así como establecer expresamente en el texto constitucional la obligación de contar con una Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas, para asegurar un acceso efectivo a la justicia.
Adicionalmente, indica que este cambio refuerza el principio de progresividad en los derechos humanos, al dar mayor jerarquía normativa a una estructura que permite atender, de manera diferenciada y con perspectiva de género, la violencia ejercida contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, lo cual contribuye a la armonización legislativa con los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos de las mujeres, niñas y niños.
Al respecto, la diputada Paola Jiménez Hernández consideró que la iniciativa es fundamental, pues hay resistencias para la paridad y persiste la discriminación por razón de género. Detalló que en México sólo uno de cada cuatro municipios es gobernado por mujeres, mientras que 90 por ciento de los casos de violencia de género quedan impunes, por lo que deben fortalecerse las acciones desde los tres poderes del Estado, además de observar el papel de las fiscalías y ministerios públicos.
