En UAEM, violación a derechos laborales, según diputado Max Correa

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El diputado local Max Correa Hernández realizó un pronunciamiento contra los casos de presunta violación a los derechos laborales y universitarios denunciados por personal académico y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

Diputado local Max Correa Hernández. (Foto: Especial.)

El legislador de Morena señaló que es reprobable en todos los sentidos que se utilice a la Rectoría de la UAEMex para limitar las libertades de cátedra, investigación y libre discusión de las ideas, y se permita el abuso de los titulares de los órganos de gobierno, dependencias académicas y administrativas de esa universidad.

Correa Hernández lamentó que se tengan indicios de triangulación de los  recursos de la UAEMex hacia empresas fantasma y de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios universitarios.
También advirtió de altos salarios y bonos para este tipo de autoridades, mientras que para los profesores “sólo hay salarios precarios, y contrataciones que son acompañadas de la firma previa de la renuncia».
En ese sentido, dijo que el Rector Alfredo Barrera Baca no sólo protege y permita el desarrollo de un ambiente laboral que atropella la dignidad y derechos del alumnado, profesorado y del personal.
Explicó que uno de los casos más recientes de abuso de autoridad sucedió el miércoles 10 de octubre, día en el que la Rectoría ordenó cerrar el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales dejando a profesores y alumnos en situación de vulnerabilidad para la continuidad y conclusión de sus estudios.
Advirtió que en los procesos de renovación de los órganos de la universidad sólo hay “candidatos únicos” para evitar la competencia democrática, porque las actuales autoridades llegan a amenazar y amedrentar psicológica y físicamente a quienes se inscriben para que retiren su postulación”.
Finalmente,  exigió que las instancias competentes investiguen, y en su caso, emitir recomendaciones, sancionar y restituir en el ejercicio de sus derechos a las personas afectadas por casos de abuso de las autoridades universitarias y despidos injustificados.

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