La Red Ciudadana Anticorrupción presentó en la Cámara de Diputados, una iniciativa popular para regular el funcionamiento de la existencia de los cuerpos auxiliares de seguridad privada en el estado de México, ya que estos entes, son los que más deben al Issemym.
Al respecto, José Guadalupe Luna Hernández presidente del Comité de Participación Ciudadana del sistema Anticorrupción del Estado de México, informó que esta situación fue revelada tras una investigación de adeudos de dependencias con el Issemym.
“Identificamos que estos cuerpos de seguridad, son los entes que más deben al Issemym, y que han sido reconocidos en la Ley del Issemym como Instituciones Públicas”.
Esto, ya que la Ley de Seguridad mexiquense reconoce que el estado puede brindar servicio de seguridad privada a través de cuerpos auxiliares, por lo que deben ser regulados ya que se encuentran en una circunstancia de limbo jurídico.
“Lo que implicaría que los diputados al emitir la Ley de Ingresos del estado, establezcan los montos que debe percibir este Organismo, que en Código financiero se establezcan los derechos y sobre todo, que sean llamados a rendir cuentas, a que se informe en los últimos años, ¿Qué ingresos han tenido?, y ¿Por qué razón tienen pasivos tan importantes como este al Issemym de más de 4 mil 200 millones de pesos”.
En ese sentido, no hay dependencia que reportara esa información porque decían que estos Organismos no formaban parte de la administración pública, por lo que, con la respuesta del Issemym y lo contenido en su Ley Social, dijo que está claro que siempre fueron Instituciones Públicas.
Luna Hernández, acentuó que regularizar su situación jurídica es el principal objetivo de la iniciativa presentada en el Congreso Local, donde queden como Organismo Auxiliar de la Secretaría de Seguridad, bajo su control y supervisión.
En ese sentido, su personal deberá quedar debidamente registrado, cumpliendo con los criterios de certificación que establecen las leyes, actualizando su información en el registro estatal y nacional de Seguridad Pública, y deben cumplir con los principios de profesionalismo, ética y respeto a los derechos humanos, para que puedan salir de la ilegalidad en la que se encuentran, y como cualquier servidor público, queden sujetos a un escrutinio.
