El arriba firmante está de acuerdo en una parte de la propuesta de refoma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido: la parte que se refiere a la marmaja, la pachocha, los morlacos, el varo, la feria… El Instituto Nacional Electoral nos tendría que salir más barato. También estoy de acuerdo en que hay que quitarle una lana al financiamiento público destinado a los partidos políticos. Y reducir el número de diputados federales y senadores.
Esta postura coloca al arriba firmante en el supuesto de la ahora célebre encuesta del Instituto Nacional Electoral, vulgo INE. La mentada medición que señala que el 93 por ciento de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. Que el 87 por ciento está de acuerdo con disminuir el número de diputaciones federales y senadurías. Que el 74 por ciento está a favor de reducir los recursos que se le otorgan al INE.
No se necesita mucha ciencia para saber por qué estamos de acuerdo a mayoría de los mexicanos con recortarle recursos al INE o disminuir el número de curulecos: los consideramos una burocracia dorada. Y no nos gusta pensar en la opulencia a nuestras costillas. Es bien simple.
Cuando el debate sobre la tan manoseada, llevada y traída propuesta de reforma electoral del presidente y de Morena se concentra en el destino del Instituto Nacional Electoral, el arriba firmante sí piensa que hay que recortarle recursos —especialmente los que se entregan a los partidos políticos—. Pero al mismo tiempo está seguro de que se debe fortalecer la autonomía, independencia y autoridad del órgano electoral.
Y hay una parte de la propuesta de reforma electoral que busca socavar esas características, para hacer del INE un apéndice del gobierno o de los partidos políticos.
Hasta me imagino que regresamos a la época de las Comisiones o Consejos Electorales que dependían de la Secretaría de Gobernación —Manuel Bartlett, colaborador del presidente sabe de eso un rato largo, incluyendo aquello de la “caída del sistema” de 1988— o de las Secretarías de Gobierno.
La propuesta pretende que los consejeros electorales o los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por voto popular. Y cualquiera medianamente informado sabe que buscar el voto popular en todo el país es imposible para quienes tienen la cualidades, estudios y autoridad técnica y moral para organizar o calificar elecciones: las personas en la academia, los centros de estudio, la intelectualidad, carecen de la lana para hacer una campaña nacional. Los que sí tienen recursos y conexiones son los partidos políticos, así que no dudo ni tantito que serían capaces de “hipotecar” a los candidatos y candidatas al INE o al Tribunal Electoral. El presidente sabe perfectamente que ese es el único escenario para su propuesta de reforma. Y eso, coacciona cualquier autonomía e independencia.
Cualquier verdadero demócrata apostaría por la libertad del INE. El presidente lo quiere sumiso, dócil y a sus órdenes.
