La Legislatura del estado de México aprobó, por mayoría calificada, la iniciativa por la que se autoriza refinanciar la deuda pública estatal que permitirá reducir el pago de intereses y generará un ahorro de 5 mil millones de pesos durante el actual gobierno de la entidad. Además, aprobó la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que establece un nuevo sistema de pensiones para la burocracia estatal.
Nuevo sistema de pensiones
En sesión del actual periodo ordinario, que preside el diputado priista Jorge Omar Velázquez Ruíz, los legisladores aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, “con el propósito de garantizar la viabilidad del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) —que atiende diariamente a más de 375 mil servidores públicos y casi 60 mil pensionados—, la cobertura y calidad de sus servicios y que ningún servidor público o pensionado pierda sus derechos adquiridos”.
La ley consigna que se trata de consolidar la estabilidad financiera del Issemmym, fortalecer su ahorro interno y generar mecanismos de corresponsabilidad con los derechohabientes en el cuidado de la salud.
El diputado Rafael Osornio que el Issemym enfrenta hoy “un desequilibrio entre los ingresos y el costo de las prestaciones, que se debe al aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población económicamente activa, el crecimiento de la población de pensionados respecto al número de trabajadores cotizantes y la diferencia entre el importe de pago de pensiones respecto del salario promedio de los servidores públicos”.
Afirmó que plantea un nuevo modelo de pensiones basado en el sistema de cuentas individuales; que los servidores puedan migrar acumulando los recursos ya aportados; que las pensiones podrán alcanzar montos mayores por ser operados por administradoras profesionales; que se preservan las pensiones de viudez, orfandad y asistencias, y que los servidores opten por permanecer en el régimen actual sin perder sus derechos.
Por el PRD, el diputado Arturo Piña García, quien anunció el voto en contra de grupo parlamentario, cuestionó que los argumentos del gobierno para impulsar esta nueva ley son iguales a los de reformas anteriores, por lo que primero debería analizarse qué ocasionó que no se garantizara la solvencia financiera del Issemym.
Apuntó que, en los hechos, para que un servidor público pueda retirarse con una pensión digna debe trabajar más años que los mínimos establecidos, y señaló que con esta aprobación los diputados serán juzgados. En esto coincidió el diputado Vladimir Hernández Villegas, de Morena, quien también anunció el voto en contra de su partido.
Por el PAN, Alberto Díaz Trujillo recordó que en informes anteriores de la institución se habían presentado números favorables y se había dicho que contaba con liquidez, por lo que ahora no se entiende por qué se afirman que está en riesgo financiero. Dijo que el Órgano Superior de Fiscalización debe auditar al Issemym para conocer con detalle cuál es su situación económica y plantear algún esquema que ayude a solucionarla.
Restructura de la deuda pública
Al avalar la iniciativa por la que se autoriza refinanciar la deuda pública estatal, el diputado prista Diego Eric Moreno Valle dijo que con esta aprobación se podrá armonizar la estructura de la administración de la deuda del estado de México con las disposiciones en materia de disciplina financiera para que la entidad aproveche de mejor manera los derechos e ingresos derivados de participaciones federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
La exposición de motivos del documento destaca que la entidad tiene niveles de endeudamiento bajos en proporción con el tamaño de su economía (2.1% del PIB estatal), y que dada la fortaleza de las finanzas públicas, el perfil de la deuda pública y la estabilidad del mercado, se considera que existe una ventana de oportunidad para buscar mejores condiciones de financiamiento. El documento asegura que “con la reestructuración de la deuda podrán obtenerse, entre otros beneficios, tasas de interés menores, plazos más amplios, mejores condiciones de contratación, mayor flexibilidad en la gestión de las fuentes de pago y se fortalecerá la transparencia”.
Además, refiere que no se pretende contratar nuevo endeudamiento, sino mejorar las condiciones de 28 financiamientos que ya existen y que los recursos economizados se destinarán a sectores prioritarios como educación, seguridad, combate a la pobreza e inversión pública.
La Legislatura también aprobó la iniciativa sobre los Certificados de la Tesorería del Estado de México (pagarés, certificados bursátiles o cualquier otro tipo de crédito), que plantea como opciones para atender las necesidades de liquidez inmediata del gobierno estatal, apegándose al objetivo de tener una administración eficiente y transparente en el manejo de las finanzas públicas para la operación responsable y competitiva del estado.
La diputada priista Sue Ellen Bernal Bolnik, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, indicó que “la emisión de valores a corto plazo a cargo del estado de México representa un mecanismo innovador, ágil, eficiente y con altos estándares de transparencia, que puede contribuir a la atención de las necesidades de más de 17 millones de mexiquenses”.
Los certificados también fomentan la competencia en el mercado bursátil, amplían las oportunidades de inversión, propician un control más eficiente de los recursos, favorecen la rendición de cuentas y brindan una atención más oportuna a las necesidades de liquidez del sector público. Además, reducen los costos de operación y transacción respecto de la contratación de un crédito tradicional en los bancos.
Los certificados sólo podrán ser adquiridos por personas de nacionalidad mexicana y los recursos que se obtengan se destinarán a cubrir las necesidades de corto plazo y que tengan que ver con insuficiencia de liquidez de carácter temporal; también y generarán en la administración pública certidumbre, eficiencia normativa, rendición de cuentas y condiciones financieras competitivas, lo que se traducirá en amplios beneficios para los mexiquenses.
