Por ser considerado incongruente con la realidad, la dinámica de la entidad, los impactos ambientales generados por los asentamientos humanos, las nuevas vías de comunicación, obras públicas y privadas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio que han generado un desarrollo diferente al uso potencial del suelo, es como la Secretaria del Medio Ambiente actualizará el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México.
Según el documento publicado en la Gaceta de Gobierno el pasado 8 de enero, este programa no ha sido renovado desde diciembre de 2006, razón por la que enfatizan la urgencia con la que debe de ser actualizado.
El programa publicado hace 13 años, modificó el mapa de modelo de ordenamiento ecológico, pasando de 602 a 713 unidades ecológicas, donde se tomó en cuenta el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas para salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres. Sin embargo a más de una década de distancia, la Secretaria de Medio Ambiente considera es obsoleta en la actualidad.
La instancia considera que plantear el desarrollo sostenible y ordenado de la entidad contribuye a minimizar el impacto ambiental generado por el cambio climático, y el Programa de Ordenamiento Ecológico prevé regular o inducir el buen uso del suelo y las actividades productivas en territorio mexiquense.
Este viernes en el auditorio del Parque Metropolitano Bicentenario en Toluca iniciará el periodo de consulta pública, donde toda persona interesada, grupos y organizaciones sociales, empresariales, instituciones académicas de investigación, los pueblos y comunidades indígenas podrán participar.
En total serán 3 audiencias, la primera este viernes a las 12 del día, la segunda en Tlalnepantla el 25 de enero a las 12 horas y la tercera el 31 de enero en Valle de Bravo.
Cabe mencionar que las observaciones al proyecto de 2006 deben ser enviadas por correo electrónico o bien presentarlas el día de la audiencia, y dicho documento puede ser consultado en internet.
Es de mencionar que este documento planteaba 205 criterios de regulación de desarrollo urbano, rural, actividad minera y manejo de áreas naturales protegidas, donde se habría de incentivar que cada construcción tuviera el 12 por ciento de áreas verdes.
