La abogada litigante y mediadora privada, Claudia De Buen Unna, subraya que todo individuo que ocasione daño material, moral o punitivo a otro está obligado a repararlo. Esta reparación surge como consecuencia jurídica de la conducta ilícita, ya sea por acción u omisión. En 2013, De Buen Unna logró una sentencia pionera en este ámbito en México.
Durante el Congreso Nacional de Psicología Jurídica 2023, organizado por el Poder Judicial del Estado de México, De Buen Unna participó en el Panel «Derecho de Daños». En este espacio, a través de ejemplos, explicó los diferentes tipos de daño que pueden ocurrir y la responsabilidad que conllevan.
La Magistrada Érika Icela Castillo Vega se enfocó en los «Daños en materia Familiar». Destacó que en situaciones como el divorcio y la violencia, la desprotección surge de la falta de cumplimiento de deberes y obligaciones. Subrayó que la reparación es crucial, ya que ayuda a las víctimas a obtener justicia por los perjuicios causados en su proyecto de vida.
En el tema de «Reparación del daño en materia Penal», la Magistrada Cecilia Moreno Luna señaló que el artículo 22 del Código Penal del Estado de México establece que la reparación cumple dos funciones: una social y otra privada que contribuye a compensar los intereses de la persona afectada por el delito. Agregó que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que para determinar el tipo de daño, es necesario identificar el perjuicio que se produce en la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima.
La Magistrada en retiro, Armida Ramírez Dueñas, actuó como moderadora y destacó la transformación que ha tenido este tema en la legislación tanto civil como penal en México.
En la última sesión, Julio Hernández Barros, especialista en Derecho Penal, dictó la conferencia «Retos y Oportunidades para la Atención de Víctimas en el Proceso de Impartición de Justicia». Abordó la situación de quienes han sufrido delitos de alto impacto, como desaparición forzada, secuestro y abuso sexual. Hernández Barros enfatizó que el Estado debe garantizar la restauración plena de los derechos de las víctimas y promover su superación mediante medidas de salud y educación que fortalezcan su desarrollo.
