El retraso en la justicia para las víctimas del delito y violación a derechos humanos, conlleva a una revictimización, por tanto, es fundamental dar cumplimiento a la reparación del daño, con miras a que se borren, hasta donde sea posible, las consecuencias y huellas del daño sufrido, subrayó el ombudsman, Baruch Delgado Carbajal.
Es importante denunciar, iniciar juicios o procesos de investigación en sedes jurisdiccionales y no jurisdiccionales, para tener una resolución y lograr la reparación integral, pero sobre todo procurar su cumplimiento. Por ello, las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas, nacional y estatal, buscan eficientar la operatividad del fondo económico que tienen, para que sea pronta, clara y expedita, pues la justicia retardada, es justicia denegada y da pie a una nueva violación a derechos de afectados, comentó.
En el panel “Reparación integral del daño a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, retos y perspectivas”, participaron el comisionado presidente nacional de Atención a Víctimas, Julio Antonio Hernández Barros y la comisionada ejecutiva estatal, María Isabel Sánchez Holguín, además del ombudsman mexiquense, quien reiteró que la reparación integral es un derecho de cuarta generación en construcción y una obligación convencional del Estado mexicano, que se cristalizó con la Ley General de Víctimas.
Explicó que cuantificar el monto de la reparación no es fácil, porque se debe considerar el proyecto de vida afectado. Sin embargo, la ONU emitió en 2005 las directrices básicas sobre derechos de víctimas, que sirven como elementos orientadores para interponer recursos y obtener la reparación del daño, que debe ser proporcional a la gravedad de la afectación y conforme a las circunstancias de cada caso.
En tanto, la carta magna en su artículo primero constitucional señala la obligación de toda autoridad de reparar el daño causado, al considerar que en ocasiones con una actuación irregular, se violan derechos humanos como el de fundamentación, competencia, legalidad, debido proceso, entre otros.
En su participación, la comisionada de Atención a Víctimas, María Isabel Sánchez Holguín, explicó la coordinación que se mantiene con la Codhem para cumplir con la disposición y recalcó que a partir de la reforma de 2016 a la Ley de Víctimas de la entidad, se incluyó la reparación integral para ofendidos por feminicidio.
Sobre los avances en el tema, Delgado Carbajal agregó que ya se considera a la víctima como parte de un proceso penal, porque puede ofrecer pruebas e interponer recursos y juicios de amparo.
