El Congreso y la Casa Blanca presionaron este martes para eliminar los obstáculos finales a un plan de rescate por 15 mil millones de dólares para la industria automotriz, buscando que se alcance un consenso al final del día y una rápida aprobación.
Entre las cuestiones sin resolver están la extensión de la autoridad a otorgarse a un supervisor especial designado por el Presidente George W. Bush, que fungiría como «zar automovilístico», según dijeron asesores de congresistas.
Aun así, está claro que las compañías serían forzadas a devolver al Gobierno la ayuda financiera si se demuestra que no usan el dinero para mantenerse a flote a largo plazo.
El representante demócrata Barney Frank, presidente del Comité de Servicios Financieros, se reunió de forma privada con congresistas demócratas de la Cámara Baja y dijo a los periodistas que esperaba cerrar el acuerdo de ayuda financiera al final del día.
Los asistentes a la reunión mostraron su apoyo al proyecto de ley que se está desarrollando, señaló Frank.
Harry Reid, líder de la mayoría en la Cámara Alta, dijo que espera se lleve a cabo una votación a más tardar el miércoles, pero que mantendría al Senado en sesión durante el fin de semana de ser necesario para completar el diseño del plan de rescate.
Los demócratas y la Casa Blanca intercambiaron propuestas a puerta cerrada, acercándose cada vez más a un acuerdo.
El plan de rescate ofrecería ayuda financiera de emergencia a dos de las principales firmas automovilísticas de Detroit, pues Ford Motor Co. ha dicho que de momento no necesita dinero en efectivo.
Además, crearía el puesto del supervisor especial, el cual ya ha sido descrito como un «zar automovilístico».
El supervisor podría obligar a las compañías a declararse en quiebra si no hacen lo suficiente para reducir los costos laborales, reestructurar su deuda y reducirse para mantenerse a flote.
La situación se desenvuelve en un panorama de inestabilidad económica general, el Congreso y la presidencia en transición, un panorama bursátil inquieto y la Reserva Federal, el Tesoro y otras agencias esforzándose al máximo para equilibrar al sector financiero.
Aunque un acuerdo parece cercano, aún existen diferencias entre los que diseñan el proyecto de ley.
La Casa Blanca y congresistas republicanos piden mayores consecuencias para las compañías automotrices que no demuestren ser viables, incluyendo una orden que las obligue a prescindir de la ayuda federal.
Los republicanos también pidieron que se elimine un requerimiento que obliga a las empresas automotrices que aceptan préstamos del gobierno a renunciar a sus demandas legales contra estados que imponen normas más duras para reducir las emisiones de gases.
