Los legisladores del PRI avalaron con su voto a favor, la reforma en materia electoral para fortalecer la democracia; el Instituto Nacional Electoral dispone de un catálogo más amplio de funcionarios públicos sujetos a sanción y multa cuando se detecten actos de corrupción y malversación de recursos públicos; previa denuncia ante el Ministerio Público, así habrá un combate más efectivo de los delitos electorales.

El diputado federal mexiquense Ricardo Aguilar Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, estableció que la reforma parte de la necesidad de crear mecanismos de sanción para aquellos servidores públicos que vulneran el principio de equidad en la contienda electoral, a partir del uso de recursos públicos en campañas electorales.
Las modificaciones aprobadas, por el pleno de la Cámara de Diputados, fueron a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones Electorales y con ello se amplia la certeza jurídica de los gobernados.
Al ampliar el catálogo de funcionarios sujetos a castigo, el Instituto Nacional Electoral puede sancionar y multar a servidores públicos y a quienes ostentan un cargo de elección popular, cuando realicen actos de propaganda en favor de un partido o candidato, usen recursos públicos o violenten de cualquier manera la democracia mexicana.
“El blindaje electoral busca garantizar la libertad del voto, endurece el sistema de responsabilidad y genera una mayor certeza”, expuso el legislador por el estado de México.
Concluyó que son los mexicanos quienes eligen a sus gobernantes de manera libre y ninguna persona, sin importar su cargo o jerarquía dentro el servicio publico, podrá incidir en los procesos y violentar la equidad electoral.