En una extensa sesión de cabildo del ayuntamiento de la capital mexiquense, se respaldó la reforma al artículo 61 de la constitución del Estado de México que propuso el Congreso local el pasado viernes 25 de enero que devuelve la facultad a los legisladores de calificar las cuentas públicas de los municipios, retirando esta capacidad al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Bajo el mismo argumento que los legisladores de extracción Morenista, quienes propusieron esta reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la entidad, los ediles decidieron aprobar con 19 votos este punto de acuerdo a favor esta legislación.
Por otra parte, en una votación dividida, se aprobó con 12 votos a favor y 7 en contra, el nombramiento a Lucina Morales Díaz como oficial mediadior-conciliador que funge con un medio alternativo, auxiliar y complementario para la rápida, pacífica y eficaz solución de los conflictos vecinales, comunitarios, familiares, escolares, sociales o políticos del municipio, en los casos en que sean requeridos por la ciudadanía.
Sin embargo, la decisión generó inconformidad entre los ediles que votaron en contra, quienes propusieron una terna para elegir a esta figura auxiliar, además de que lamentaron que este cargo no lo ocupe una ciudadana de la capital mexiquense, pues Lucina Morales proviene del municipio de Xonacatlán.
Asimismo, se informó que del 1 al 31 de enero se han entablado 12 demandas laborales correspondientes a la pasada administración que encabezó Fernando Zamora Morales; se han recibido 22 citatorios para conciliación 18 para esta administración, mientras que el resto corresponden a la pasada administración.
Además de que se tienen en curso dos litigios laborales contra el ayuntamiento por un monto de 285 mil 115 pesos.
Otro de los puntos que generó gran controversia durante esta sesión de cabildo, fue el referente a los supuestos despidos que expuso el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría Sánchez, por lo que el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, insistió que no existe ningún despido en la administración y que cada supuesto caso será revisado por una comisión especial para determinar su futuro laboral.
En tanto a las declaraciones emitidas del regidor, solicitó que, en caso de ser ciertas, exponga con fundamentos legales los argumentos de los supuestos despidos y malos tratos hacia los trabajadores.
