«Sí a una reforma judicial, pero una estructural no solamente orgánica y que responda a las necesidades de los tribunales de justicia locales que buscan consolidar su independencia», expresó el titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, al inaugurar el Segundo Congreso Internacional «La Administración de los Tribunales de Justicia».
En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, Sodi Cuellar destacó que la independencia de los poderes judiciales es fundamental para la construcción de un verdadero Estado de Derecho.
“No debe fijarse desde el centro cómo debe organizarse cada tribunal, somos una federación, cada estado debe decidir cómo organizar su estructura porque todos somos diferentes, vamos a diferentes velocidades, tenemos diferentes necesidades, no podemos unificar o uniformar”, agregó.
El Magistrado Presidente refirió los cinco puntos de su posicionamiento: autonomía presupuestal, creación de un fondo nacional para la administración de justicia local, carrera judicial como eje central para acceder a los puestos de judicatura y magistraturas, independencia de los tribunales de justicia y una reforma judicial que corrija los problemas estructurales.
Al dar la bienvenida a más de mil 200 participantes del congreso -presencial y virtual-, Martín Bernal Abarca, Director General de Finanzas y Planeación del PJEdomex, subrayó la importancia de la gestión administrativa en los poderes judiciales, labor que se ha vuelto crucial para garantizar el suministro adecuado de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el funcionamiento eficaz de los tribunales.
Primera jornada
Guillermo Valls Esponda, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó la conferencia “Retos de la Administración de Justicia en los Poderes Judiciales”, en la que mencionó desafíos y oportunidades en la administración de justicia; destacó la falta de planeación y capacitación dentro del sector público y la insuficiencia de recursos presupuestarios. Enfatizó la necesidad de mejorar la eficiencia y predictibilidad de las funciones judiciales y propuso el uso de tecnologías de información, la redistribución estratégica de cargas de trabajo, y la implementación oportuna de medios alternativos de solución de controversias, así como modernizar las infraestructuras físicas y renovar equipos.
Lilliam Virginia Arrieta de Carsana, Catedrática del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador, participó virtualmente para discutir sobre la «Estrategia de selección judicial con base en estándares internacionales».
Destacó la importancia de los estándares internacionales, los cuales incluyen instrumentos jurídicos como convenios, jurisprudencias, recomendaciones y estudios, fundamentales para fortalecer el derecho interno y garantizar una mejor protección de los derechos humanos.
«La pasión que tengo por la elección de las altas cortes en América Latina, es porque estoy consciente al haberlo vivido en carne propia, la importancia que las cortes supremas tienen para el Estado de Derecho, la democracia y la defensa de los derechos fundamentales de la población (…) no pierdan la Corte Suprema de Justicia, en El Salvador la perdimos y nos está costando muy caro», Arrieta de Carsana.
Este día también se presentaron David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación con el tema “Rendición de Cuentas y Combate contra la Corrupción”, así como Laurence Pantin, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia, quien habló sobre la “Evaluación de los Tribunales de Justicia”.
Al evento asistieron Consejeras y Consejeros del PJEdomex, Luis Jorge Gamboa Olea, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos; Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la UAEMex; César Camacho Quiroz, Ex Gobernador de la entidad; Juan Maccise Naime, Presidente Municipal de Toluca.
Así como Gerardo Becker Ania, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa estatal; Yorlis Delgado López, Asesor Jurídico del Secretariado Auxiliar de la Academia de Ciencias de Cuba; Alfredo Dagdug Kalife, Director de la Facultad de Derecho en Universidad Anáhuac; Víctor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados y Roberto Rodríguez Martínez, encargado del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México.
