Un Estado sin derechos humanos constituye un Estado de arbitrariedad, sentenció el penalista Rafael Santa Cruz Lima, al señalar la relevancia de trabajar todos los días en la aplicación de los cinco principios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, “para lograr que la justicia penal tenga un rostro humano” y a su vez, ésta brinde certeza jurídica a los ciudadanos.
Abundó que con el Sistema Acusatorio Adversarial, México busca dar un sentido humano al derecho penal, lo cual se materializa a través de cinco principios: de igualdad ante la ley, igualdad de las partes, de presunción de inocencia, de debido proceso y de no doble enjuiciamiento penal.
En su disertación “Justicia penal y derechos humanos”, dirigida a servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, organizada por el director de la Unidad Jurídica y Consultiva, Erik Mañón Arredondo, como parte de la capacitación permanente del personal, el especialista enfatizó que si un Estado que aspira a tener derechos reconocidos en la justicia penal, constituye una utopía, cuando no respeta los derechos humanos se vuelve autoritario.
Recordó que desde 1764 se hablaba del tema, a través del libro “De los delitos y las penas” y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano conocida como la Declaración Francesa de 1789, la cual refiere que para que un Estado pueda existir, debe contener derechos, y garantizarlos en una constitución.
La importancia de dichos documentos elaborados hace 200 años es básica, dijo el investigador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la UAEM, porque indican que a lo que siempre ha aspirado la justicia penal es no caer en aspectos inquisitivos ni autoritarios.
Al referirse a la situación en América Latina, expuso que en varios países se tenían sistemas inquisitivos, sin embargo, en los últimos años hubo un cambio de paradigma, ya que en el año 2000 Chile rompió con ese esquema e instituyó el Sistema Acusatorio Adversarial; en 2001, Bolivia hizo lo propio; en 2004 Colombia incorporó el Sistema Penal Acusatorio y en junio de 2008, México estableció el Sistema Acusatorio Adversarial.
Dicho sistema refirió, consiste “en dar a los ciudadanos un máximo de seguridad jurídica pero un mínimo de violencia”, de lo contrario, si no se cumple esto, habrá un Estado Inquisitivo o un Estado Autoritario.
