La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado una corrección a la recién aprobada Ley de Amparo, argumentando que la inclusión de la retroactividad es inconstitucional y no estaba en la iniciativa original. La mandataria señaló que esta adición va en contra de los principios fundamentales de la Constitución mexicana.
En contraste, la comunidad legal ha manifestado una postura crítica, José Neyra García, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), calificó la Ley de Amparo como «contraproducente».
Según Neyra García, la ley podría tener un impacto negativo en los ciudadanos, ya que rompe con el principal instrumento de defensa constitucional. El litigante también argumentó que un artículo transitorio no puede estar por encima de un principio constitucional, señalando una supuesta contravención al principio de jerarquía normativa.
Neyra García también sostuvo que la nueva legislación «debilita el principio de progresividad» de los derechos humanos. Advirtió que la ley restringe los recursos legales, ya que «no habrá amparos colectivos, solo serán individuales», limitando la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos de forma conjunta.
