Lucha vs corrupción incompleta: 84 municipios sin Comités Municipales Anticorrupción

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La instalación de los comités municipales anticorrupción sigue siendo el eslabón más frágil del sistema estatal anticorrupción del Estado de México, pues a pesar de que 84 de los 125 municipios que conforman la entidad no cuentan estos órganos autónomos no existe ningún tipo de sanción por el incumplimiento.

Palmira Tapia Palacios presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción (Foto: Juan Carlos Vázquez)

La presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción, Palmira Tapia Palacios comenta que el llamado a las autoridades que incumplen con la medida sólo son informadas sobre la importancia de contar con estos comités, sin embargo, es responsabilidad de las autoridades estatales las que determinarían un sanción por el incumplimiento.

Si bien no hubo un cumplimiento por las pasadas administraciones para la creación de los comités municipales anticorrupción dentro de los plazos que marcaba la ley, esto no exime a las nuevas administraciones a continuar con el patrón de incumplimiento pues tan sólo de enero a la fecha 15 municipios cumplieron con la integración de estos comités.

Tapia Palacios precisa que el principal argumento de las autoridades para evadir esta medida, es la falta de presupuesto para el pago de honorarios a quienes integrarían los comités municipales, a pesar de que esta medida está marcada por la ley.

“Yo no veo un tema de falta de voluntad, con quienes hemos estado teniendo comunicación vía oficio, por ejemplo, más institucional, pues la razón es que, nos explican, va de la presupuestal, que no lo tenían contemplado en sus presupuestos de este año. eso es un factor importante, porque hay que recordar que los integrantes del comité de participación ciudadana tienen derecho de recibir un honorario, así lo dice la ley, y eso, para algunos municipios implica un carga importante a sus arcas”.

La presidenta del CPC del estado de México, también insistió en reformar su ley orgánica para “dar dientes” al sistema estatal anticorrupción y dotarle facultades para actuar con mayor rigor ante la presencia de algunas actuaciones irregulares dentro de las administraciones locales.

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