La desigualdad en el desarrollo de los municipios afecta el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, así se reconoció durante panel “La administración pública municipal desde la perspectiva del Sistema Nacional de Transparencia en el Estado de México”, celebrado en la Cámara de Diputados del estado de México.
De acuerdo con Miguel Castillo Martínez, director de DAI & DATA Consultores, las grandes diferencias entre los más de 2 mil 400 municipios del país impiden un trabajo más organizado y parejo para cumplir las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de las leyes locales en la materia. En este sentido, señaló como tareas de los municipios crear una estructura permanente de transparencia, crear los comités del caso, diseñar su propia política sobre el tema y detectar las necesidades de la población en esta materia.
En su oportunidad, el comisionado del Instituto de Transparencia del estado de México (Infoem), José Guadalupe Luna, se pronunció por la progresividad para construir el Sistema Nacional de Transparencia, considerando para el caso del estado de México que “sólo 42 de 125 municipios”, los que cuentan con más de 70 mil habitantes, pueden considerarse capaces de cumplir las disposiciones. Agregó que en este tema la norma resulta insuficiente, ya que “no se puede tratar igualmente a quienes son desiguales”.
A su vez, Federico Guzmán Tamayo, coordinador del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, resaltó que la ley general en la materia involucra y establece obligaciones para los municipios, con la idea de homologar y armonizar principios y preceptos, a fin de garantizar este derecho de manera general.
Mencionó como tarea en la armonización de la legislación local establecer que el Infoem participe activamente en el Sistema Nacional de Transparencia, que se precisen los lineamientos para mejorar la clasificación, publicación y reserva de la información, conformar el catálogo de medidas de apremio que garanticen el cumplimiento de las solicitudes de información, homologar el lenguaje legal y precisar conceptos y principios como el de máxima publicidad, sujeto obligado, acceso a la información y otros, así como la homologación de plazos para cubrir peticiones de datos.
