En sesión de trabajo de las comisiones unidas para Igualdad de Género y la Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Nayeli Sánchez Macías, coordinadora de “Spotlight”, de ONU Mujeres, presentó el informe y observaciones de esta Iniciativa.
Y es que cabe mencionar que este programa busca, para el caso de nuestro país, mediante cinco municipios de tres entidades donde se aplica, entre ellas el Estado de México, combatir el tema de los feminicidios; las otras dos entidades son Guerrero y Chihuahua.
En este diagnóstico, se identifican contradicciones normativas, lagunas legislativas, la falta de atención, de incumplimiento, así como disposiciones discriminatorias y fallas estructurales en capacidades bajo la guía de tres principios: acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la información pública, de forma general en el país.
Para el caso específico del Estado de México, con corte a enero de este año, parte de los resultados encontrados son: en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres no se contiene un capítulo específico sobre la eliminación de estereotipos; no contiene un capítulo sobre el derecho a la información y la participación social, no hay medidas especiales para grupos vulnerables y faltan disposiciones sobre la violencia contra las mujeres contenidas en la Ley General.
En la Ley para la Igualdad del Estado de México hay una duplicidad de atribuciones para su observancia, coloca a la Comisión de Derechos Humanos estatal y por otra parte se tiene el Sistema Estatal en la materia.
En la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México no incluye perspectiva de derechos humanos en el diseño de políticas y programas.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México no se incluye la muerte en la definición de violencia de género, entre varios aspectos más.
Una de las propuestas que hace ONU Mujeres es que se pueda tipificar de forma específica el tema del feminicidio infantil y en este sentido, David Peña, integrante de ONU Mujeres, expresó que únicamente se solucionaría el problema con el hecho de establecer una agravante en el delito de feminicidio.
Algo más que se encontró en el territorio estatal pero ya en la práctica, es que no existe el plazo de 72 horas para iniciar una denuncia por desaparición y que por el contrario, la ley establece que la búsqueda debe ser inmediata.
En este sentido, Nayeli Sánchez Macías, coordinadora de “Spotlight”, refirió que con el corte que se tiene, posiblemente se queda corto ante los avances en la legislatura local, por lo que pidió a los diputados que puedan analizarlo y hacer las observaciones correspondientes.
