Derivado de trabajos de investigación en gabinete y en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos probables implicados en el delito de portación de arma de fuego, es posible que uno de ellos esté involucrado en el delito de homicidio en agravio de un policía municipal de esta demarcación.
Como parte de las indagatorias para dar con el paradero de un individuo aparentemente relacionado con el ataque mencionado, efectivos de la dependencia estatal implementaron labores de averiguación, trazados en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, mediante patrullajes en las colonias El Tráfico, Vicente Guerrero y San Miguel Hila, esto con el objetivo de recabar información del probable generador de violencia.
Resultado de estas acciones al circular en la colonia Ciudad Nicolás Romero, policías estatales observaron a dos hombres que tripulaban una motocicleta y que circulaban a exceso de velocidad, conforme al protocolo de actuación y a fin de guardar el orden público, les dieron alcance sobre la calle Vicente Guerrero. A través de comandos verbales, le marcaron el alto al conductor, a fin de realizar una revisión física.
Al término, localizaron entre sus pertenencias, un arma de fuego, calibre 9 milímetros, color negro, abastecido con cartuchos útiles, además de municiones de escopeta calibre 12 milímetros. Luego de saber el constitutivo del delito, los oficiales detuvieron a Uriel “N” de 18 años y a Pedro “N” de 39 años, este último, es posible que esté involucrado en el homicidio de un policía municipal de Nicolás Romero, además de ser un objetivo prioritario, identificado como generador de violencia en la zona.
De acuerdo con las investigaciones al parecer era integrante de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, y podría estar relacionado en los ilícitos de homicidio, robo de motocicletas, además de venta de droga y armas.
Después de hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos, junto con el arma de fuego asegurada, fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.
