Al darse a conocer los primeros fallos de la autoridad judicial a favor del sector restaurantero que a través del reglamento de la Ley Antitabaco prohíbe la venta, exhibición y consumo de cigarro en establecimientos comerciales el sector planea redoblar la estrategia con el fin de que se respeten las disposiciones legales de origen y las inversiones que se aplicaron para habilitar espacios abiertos y Terrazas dentro de los restaurantes.
Mauricio Massud Martinez, ex presidente de Canirac Estado de México y empresario del sector aseguró que al momento suman más de 500 solicitudes de amparo que se han ingresado, aún cuando se estima que el universo de negocios afectados supera las 28 mil unidades.
Refirió que la medida que se aplica en el país desde el pasado 15 de enero es inconstitucional, pero además no tiene un sustento real que demuestre que dichas medidas tienen un impacto sobre los hábitos y salud de la población.
“Que nos sumemos a las acciones ya realizadas y no se vea afectada la parte de la venta y sobre todo las inversiones ya realizadas en los lugares, porque finalmente haces una inversión importante para cumplir la ley y de buenas a primeras una ocurrencia o un capricho van en contra de todo esto”
Las pérdidas económicas podrían superar los 6 mil millones de pesos anuales y a decir del empresario, no hay políticas en materia de salud que de verdad impacten sobre la disminución en el consumo de este producto.
El sector ha peleado por una argumentación clara y una política pública que involucre a todos los sectores de la sociedad, pues dijo, mientras al sector formal se le sigue presionando en jardines cheleros y centros clandestinos el consumo sigue haciéndose si ninguna restricción e incluso prolifera un mercado negro de producto que puede resultar de verdad peligroso.
“Esperamos que si haya un número de resoluciones favorables porque la ley es inconstitucional y estamos convencidos de que no es la forma para que dé alguna manera cambie los hábitos de consumo”
De esta manera se espera que al final del año haya un número mayor de resoluciones que permitan la operación normal a los espacios que han probado responsabilidad social y respeto a la reglamentación vigente.
