Al momento el precio de productos básicos como el huevo, aguacate, limón, pollo y bienes como los combustibles han tenido un aumento generalizado de hasta el 12 por ciento en la zona sur del estado de México.
Eduardo Reyes Escamilla, integrante de la Comisión Agropecuaria del Consejo Coordinador del Estado de México señaló que el incremento en el índice de inflación y la escasez de algunos de los productos han ocasionado que los comerciantes de la zona tengan que reflejar un incremento al consumidor final, lo que se ve agravado el cobro de derecho de piso que se sigue realizando en la zona.
Al momento la disponibilidad de bienes depende de las compras autorizadas por la delincuencia organizada y el costo de vida de la población se ha incrementado de manera sustancial.
En el caso particular de los productores, los fertilizantes y el combustible son los puntos en los cuales se ha tenido un mayor incremento durante los últimos meses, lo que pone en serios aprietos a los productores quienes deben hacer el pago de al menos un peso por hectárea de riego para poder realizar su actividad.
La producción de maíz ha sufrido de manera significativa durante los últimos meses debido a la encarecimiento que se tiene de los insumos agroquímicos y de producción, por lo que la dependencia de consumo de maíz sudafricano y proveniente de Estados Unidos ha ido a la alza.
Otro de los temas que ha encarecido al sector es que por las condiciones de seguridad, los jornaleros y productores han incrementado el costo de su salario hasta el doble, al menos con un costo de 250 pesos más pago de alimentos y bebidas.
La producción de otros bienes como el pan, la carne y los lácteos también está condicionada a que la compra de los insumos sean con proveedores determinados, con lo que se tiene la posibilidad de subir los precios a conveniencia.
La propuesta del sector es que se haga modificación del artículo 199 del Código Penal del Estado de México con el fin de sancionar el acaparamiento, la subida de precios y el direccionamiento de actividades comerciales a ciertos lugares o proveedores.
De esta manera se espera que el estado de México sea la primera entidad que tenga una disposición legislativa al respecto y en la cual se aplican sanciones que vayan de cinco a seis años de prisión y hasta 15 cuando sean parte de una organización criminal.
