Politólogos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM coinciden en que la decisión del Gobierno del Estado de suspender el Programa de Límite Seguro y aplazar la entrada en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública hace notar las deficiencias y la falta de estudio profundo para implementar este tipo de políticas públicas en la entidad, además que la ciudadanía está siendo más participativa en las decisiones que toma la administración y manifiesta su inconformidad hacia ellas.
Politólogos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UEAM manifiestaron al menos tres lecturas diferentes a las últimas dos decisiones que ha tomado el Gobierno del Estado de México de suspender el Programa de Límite Seguro y el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública.
Una de ellas, según la docente e investigadora, Leticia Heras Gómez es la falta de asesoría al gobernador mexiquense y las decisiones precipitadas que toma el gobierno que bien pudieran convertirse en un “sello característico de esta administración” y solo generó desconcierto de la población, algo que afirmó, el poder público del estado de México no debe crear animadversión en la gente y las fotomultas lo hicieron.
En este sentido también recordó que estando tan cerca el inicio del proceso electoral para elegir gobernador en 2017, la actitud del gobernador de escuchar a la población y justificar su actuar con las quejas que recibió por las fotomultas en redes sociales, hace congraciarse bastante con la ciudadanía quejosa al respecto y afirmó que “en una campaña se trata de sumar, no de restar”.
Algo en lo que coincidió el politólogo Eduardo Rodríguez al afirmar que “de continuar empujando estas medidas se tendría un costo político que podría repercutir en la elección”.
“También podemos entender que estas acciones tienen un esquema de medición de lo que pueda repercutir el día de mañana a un proyecto personal del Gobernador que puede ser muy legítimo pero que ojalá no le distraiga en este momento porque está en el cierre de una administración pública muy importante que es la del estado de México” expresó el docente de la FCPyS.
Y una última lectura que concordaron ambos intelectuales es el actuar y la reacción de la ciudadanía a las políticas públicas que impone el gobierno, ya sea a través de redes sociales o impugnando, tanto que el TRICAEM se vio desbordado por las quejas que recibía a raíz de la falta de veracidad de las fotomultas
“Es una ciudadanía que ya no está sometida como en décadas anteriores, intervenir en acciones que les competan como las políticas públicas”.
