Tras 12 años de conflicto entre habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, el gobierno del estado de México y la empresa Teya S.A de C.V.; filial a la constructora Higa, por la autopista Toluca-Naucalpan, se logró un acuerdo que beneficiará a la comunidad Otomí, sin embargo, aún persiste un grupo de disidentes en busca de otros intereses.
Este miércoles 3 de abril, el Consejo Supremo indígena de la comunidad, decidió liberar definitivamente la obra tras los acuerdos que se lograron, y que fueron aceptados por la empresa, ante la presencia de los habitantes de San Francisco Xochicuautla, autoridades estatales, federales, así como de la CNDH, la ONU y Organizaciones de la Sociedad Civil, estos últimos como testigos en este acuerdo.
“Esta lucha ha llegado a su fin, pero no es un fin que termine ahí, puesto que todavía hay, en su mayoría muchos temas a tratar”, celebró Miguel Reyes, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
La representante legal ,Esther Sánchez Goujón y Armando García Salazar, otro de los comuneros, detallaron que los acuerdos comprenden la creación de 10 pasos que permita el cruce de los habitantes de la comunidad Otomí hacia el Bosque de Agua, un sitio sagrado en donde se encuentran centros ceremoniales aún utilizados por la comunidad.
Estos cruces comprenden la edificación de 10 pasos que conectan a la comunidad y el Bosque, de los cuales 4 son puentes ecológicos que permitirá el pasos de fauna y humanos; 2 puentes vehiculares de 260 y 133 metros; un paso superior vehícular y dos cajones más que permitirá, también, el paso de los habitantes.
Además de ello, fue aceptado un Plan Integral Sustentable para resarcir los daños ambientales ocasionados por la construcción y que beneficiará a la comunidad.
“Con esta modificación queda salvado todo eso que nosotros alegábamos, pero lo más importante todavía, es que estos pasos nos permiten el control y la conservación de nuestros bosques”.
Cabe destacar que la empresa constructora también aceptó la creación de un fideicomiso destinado para impulsar el desarrollo económico y social que impulsen proyectos productivos que, a su vez, generen empleo a los habitantes de San Francisco Xochicuautla.
El monto del fideicomiso se definirá en las próximas semanas, sin embargo, éste se generará a partir del peaje de la autopista y se entregará anualmente a los habitantes hasta el término de la concesión, que se presume será de 30 años. Yadira Linares, señaló que los motivos del grupo de disidentes obedecen a juicios de amparo en contra la expropiación de 39 hectáreas del territorio de la comunidad de Xochicuautla ordenado en 2015, uno de ellos atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se señalaban supuestas violaciones a las suspensiones concedidas en los amparos 771 y 441, pero, la representante legal acalró que en los amparos se solicitaba a la empresa respetar los centros sagrados de la comunidad, no así para detener la obra.
“Esta es una interpretación equivocada que finalmente está causando algunas disidencias aún dentro de la comunidad, sin embargo, es menester para nosotros hacer la aclaración de las suspensiones”.
En este sentido, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla anunciaron que se deslindan de las posibles acciones que realice este grupo de personas en contra de la empresa y el gobierno estatal para finalizar la autopista Toluca-Naucalpan, la cual registra un avance de más del 90 por ciento.
