En estos días se cumple un año de la peor crisis que haya vivido el municipio de Toluca en décadas. La cereza del pastel de la peor administración municipal que ha tenido en la historia contemporánea el ayuntamiento toluqueño.
Es sencillo recordar que la burocracia municipal se había quedado sin el pago de sus salarios. Que reclamaban el pago puntual de sus sueldos y de sus prestaciones. Que Toluca se quedó sin la prestación de servicios elementales como la recolección de la basura o la vigilancia de la policía municipal. Que el entonces presidente municipal se escondió para evitar darle la cara a cientos de empleados.
Al paso del tiempo se hizo visible que la crisis tenía un monto económico de escándalo: dos mil 150 millones de pesos —para dar una cifra cerrada— que heredó el actual ayuntamiento de Toluca. Y al interior del gobierno municipal se habla hoy de evidencias de supuestos contratos ventajosos, de aparentes pagos por servicios inexistentes, de obras y bienes fantasmas pagados que nadie localiza, y de un etcétera más grande que mis malos pensamientos.
Lo peor del asunto es que hasta ahora nadie ha sido requerido para responder legal, administrativa, o hasta penalmente por estos hechos.
Como si nadie tuviera responsabilidad o esta se hubiera desvanecido con el paso del tiempo. Como si las revisiones hubieran pasado por alto las evidencias o como si se tratara de un agujero negro —insondable— en el que nada sale a la luz. Pese a que nadie se explica adónde fueron a parar esos dos mil 150 millones de pesos. Pese a que el ayuntamiento de Toluca no tenía ni un peso para pagar los salarios de sus trabajadores. Pese a que Toluca se fue a una lista de gobiernos municipales insolventes y sin capacidad crediticia.
Y nada ha ocurrido. Es como si estuviéramos frente a un encubrimiento desde los más altos niveles, aún y cuando la anterior administración municipal tuvo como signo político el de Morena, que ha tenido como bandera la lucha contra la corrupción. Ni las instancias municipales ni las estatales, como el Órgano Superior de Fiscalización —heredero de sololoy de la antes temible Contaduría General de Glosa— parecen tener interés en el asunto.
Se percibe, entonces, un fétido aire de impunidad. En el que la que ha terminado por pagar los platos rotos es la ciudad de Toluca y sus ciudadanos, que apenas se recomponen de aquel momento agrio, en el que incluso un autobús terminó quemado en la vía pública.
Declaro mi ignorancia supina sobre la cantidad de obras y acciones que puede realizar un gobierno municipal con dos mil millones o con mil millones de pesos. Pero sí puedo asegurar que hubiera sido notorio ese tamaño de inversión en Toluca. Y no sé si alguien la haya visto. El arriba firmante no.
