México tiene una lista larga de rescates. Pero en la historia reciente, el rescate bancario y el rescate carretero llevan la mano. Aunque los gobiernos del pasado han rescatado o financiado a docenas de empresas, lo mismo haciéndose de la vista gorda en el pago de impuestos, que donando predios, entregando maquinaria o contratando productos o servicios a precios pródigos.
El costo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa, debe rondar un billón 58 mil millones de pesos. El rescate carretero, que significó sacar de la quiebra a 23 empresas concesionarias de las autopistas de cuota, está calculado en unos 180 mil millones de pesos (a cifras de 2007).
Un titipuchal de dinero, que quedó en manos de unos cuantos empresarios y que seguimos pagando la totalidad de los mexicanos.
Así que con este pasado en la memoria reciente, no es extraño que algunos organismos empresariales hayan planteado que el gobierno federal o estatal o ambos sostengan alguna parte de sus operaciones. Un rescate.
El gobierno federal se ha negado. El gobierno mexiquense Alfredo del Mazo Maza ofreció descontar la mitad del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como impuesto sobre nómina, además de un fondo de financiamiento. Muy lejos de la expectativa empresarial, que lamenta tener que cerrar total o parcialmente, y hacerse cargo de su nómina, gastos fijos y pago de deudas.
Si nos atenemos a las cifras oficiales de los Censos Económicos del Inegi, 95 por ciento de las empresas mexicanas son micro, lo que significa que tienen menos de 10 empleados, pero representan 45 por ciento del empleo total. 4 por ciento de las empresas son pequeñas, tienen de 11 a 25 trabajadores, y generan 24 por ciento del total del empleo en el país. Las medianas empresas suman el 1 por ciento del total, tienen de 25 a 150 trabajadores, y significan 9 por ciento del empleo total.
Los tratadistas en materia económica y empresarial coinciden en que las micro empresas son firmas familiares, con un alto grado de improvisación y empirismo, aunque son capaces de adaptarse, pero también tienen una vida corta. Es decir, se trata del eslabón más débil, pero también el que es capaz de reinventarse tras una crisis como la que está en marcha. Porque a pesar de que no tienen ni piensan nunca en un fondo de emergencia, sí tienen mucha voluntad. Son como espartanos, en muchos sentidos.
Esas empresas ven de lejos que el gobierno las rescate. No tienen ni las credenciales ni la heráldica o las relaciones para soñar con que les caiga del cielo la ayuda para sobrevivir. Saben que emprender es un riesgo y que lo mismo fracasan hoy que triunfan rotundamente mañana.
A esas empresas y empresarios me refería la semana pasada, cuando decía que no llegan a la quincena bien librados. Su agenda fiscal y económica debe ser distinta a la de los organismos cúpula y a la de las empresas medianas y grandes. No aspiran a fondos, pero desde luego que no lo desdeñan si es posible acceder a ellos. Están tronándose los dedos o rascando en sus ahorros, porque empíricamente saben que la ley de la oferta y la demanda es perversa e inexorable. Pero en vez de esperar el rescate, ya están fabricando tapabocas, o vendiendo a domicilio, buscando nuevos canales de distribución o explorando formas de producción.
No sé si pedir un fondo de rescate sea una pérdida de tiempo. Sí sé que es tiempo de que las cúpulas empresariales pidan un modelo fiscal que le pase factura a la informalidad y tasas impositivas mayores a los que de verdad tienen más (a ese 0.20 por ciento de las empresas que genera 48 por ciento del PIB y 21 por ciento de los empleos), para que cuando sea necesario sí existan recursos para el gobierno sea solidario.
