Durante los “Diálogos Nacionales para las Reforma del Poder Judicial” celebrada en la Cámara de Diputados de la entidad como sede del tercer Foro “La autoridad, fideicomiso y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México Ricardo Sodi Cuellar, afirmó que la justicia cotidiana tiene como primer contacto con la ciudadanía los Poderes locales, por lo que cualquier reforma sistemática integral debe tomar las necesidades de los estados, y enfocarse a fortalecerlos, y no debilitarlos, por lo que no es posible hablar de austeridad.
“Una buena administración de justicia es costosa, y una mala administración de justicia es más costosa todavía, frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los Tribunales de Justicia locales, no es posible hablar de austeridad; el debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna y transparente, lo que permitirá acercarse a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo, y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”.
Señaló que en México, en promedio las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada cien mil habitantes, y particularmente el estado de México tiene 2.8 jueces por cada cien mil habitantes, pero además refirió, somos un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago, por lo que uno de los primeros objetivos de una reforma integral, sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo.
Relató que el estándar internacional es que sean dieciocho jueces por cada cien mil habitantes, pero pidió ser realistas y fijar una meta de diez jueces, y para ello, se debe tener autonomía presupuestal en los Poderes Judiciales de los estados.
Pidió que los presupuestos de los Poderes Judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del presupuesto de egresos de la entidad, además de crear el fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal e incorporarlo al ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación.
También, exentar a los Poderes Judiciales locales de los límites del 3% que la Ley de Disciplina Financiera, que fija como máximo para aumentar el capítulo 1000, a efecto de incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que se necesite.
Finalmente, pidió no soslayar los costos, ni en dinero, tiempo, ni calidad profesional sin los resultados que significaría la renovación de profesionales de la administración de justicia, pues independientemente de los mecanismos concretos para su designación, pidió aprovechar la experiencia de los jueces y magistrados locales y federales, para fortalecer la carrera judicial con concursos de oposición, que habiliten desempeñar la función jurisdiccional en todo el país.
