Todos, o casi todos, hemos dado por hecho que la Internet es un espacio en el que no se necesita pedir permiso; casi casi que es el paraíso de la libertad de expresión. Y para otros tantos, la Internet materializa la existencia de valores como la apertura, libertad y democracia. Creemos que en Internet no hay fronteras ni lazos, mucho menos límites. Aunque los hay en naciones como China, Arabia Saudita o India, e incluso en Estados Unidos o Australia.
Casi siempre, esos intentos de poner límites —o de plano la censura— comienzan con causas moralmente justificadas o superiores: la protección de los menores contra la pornografía o la lucha contra el terrorismo, por ejemplo.
O la discriminación, como en la reciente propuesta del Poder Ejecutivo del estado, encabezado por el gobernador Eruviel Ávila, que ha recibido la Cámara de Diputados del estado.
Se trata de una iniciativa que castiga la discriminación por actos que atenten contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas en razón de “origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas”
La propuesta planea un castigo adicional cuando en estas “conductas” se publiquen “audios, imágenes o videos destinados a denigrar a una persona o grupo de personas, utilizando medios electrónicos de comunicación alámbrica o inalámbrica”, es decir, cuando se use la Internet.
Si se aprueba la reforma, el autor de un meme burlón, sarcástico, irónico, podría ser castigado con cárcel.
Cuidado: se puede entender la intención de castigar la discriminación; pero también existe un riesgo para la libertad de expresión y una puerta a la censura.
