Leí en El Sol de Toluca que los desarrolladores de vivienda quisieran que les autorizaran la construcción de conjuntos habitacionales, con el argumento de que hay 700 mil trabajadores que son potenciales acreedores a un crédito, pero la oferta es de apenas 4 mil inmuebles.
Es decir, no les alcanza de ni a cachito.
La lógica de los desarrolladores de vivienda es inobjetable: el gobierno debería autorizar más conjuntos habitacionales, porque la oferta es insuficiente para la potencial demanda.
Pero —para el arriba firmante siempre hay un pero— resulta que en el estado de México hay miles de viviendas que han sido abandonadas por los mismos trabajadores que alguna vez, ilusionados e ilusos, se echaron el compromiso de adquirir la casita de sus sueños. Dependiendo de la fuente, el número de casas abandonadas en el estado de México de las 14 mil a las 25 mil. En el extremo, en este mismo diario se publicó una nota de la periodista Violeta Huerta, en 2018, que señalaba que había medio millón de casas abandonadas en el estado de México.
Luego entonces, la dudosa lógica del arriba firmante apunta a que la oferta de vivienda existe, pero los trabajadores no la quieren.
Ya entrados en la materia, con completa impudicia, me atrevo a señalar que la oferta de vivienda está lejos, es de una calidad cuestionable, es pequeña —se llegaban a ofrecer casas de 32 metros cuadrados— y cara. El modelo de construcción de vivienda de interés social y de interés medio en México enriqueció a unos pocos, dejó endeudados a muchos y les heredó casas sin servicios, sin entregarse a las autoridades municipales y literalmente en el limbo. Sin ir más lejos, ahí está el conocido caso del fraccionamiento Colinas del Sol, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde la fragilidad habitacional es completa, en todos los sentidos. Lo mismo puede decirse de algunos fraccionamientos en Huehuetoca o Tecámac.
Y ni hablar de las Ciudades Bicentenario, que hace un década se anunciaron en el sexenio estatal de Enrique Peña como la idealización de la vivienda: “ciudades modelo, autosuficientes, debidamente planeadas y altamente competitivas”. Hasta ahora, nadie las ha visto en Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez, donde estarían asentadas. Fueron un espejismo.
Si 700 mil trabajadores no han adquirido una vivienda no debe ser por falta de ganas, sino porque las características de la oferta no satisfacen a la demanda. Por el contrario, las que son atractivas son inalcanzables para el trabajador promedio. La potencial demanda prefiere hacer caso omiso de la oferta.
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México es la clase de país en donde el gasto del gobierno es sustantivo para la actividad económica. La acción del gobierno vía el gasto público en inversión es un motor de la economía, nos guste o no. Durante mucho tiempo, el gobierno gastó y regaló recursos a manos llenas, generando deuda y más deuda. Pero el gobierno dejó de gastar. Y el actual gobierno federal no sólo dejó de gastar, sino que decidió emprender una política de austeridad como directriz fundamental.
Esta decisión ha generado varios efectos perniciosos. Ahí están, como ejemplo, las docenas de enfermos de cáncer atendidos en las instancias públicas a las que nos llegan los medicamentos que significan la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también han tomado decisiones positivas, como erradicar las dádivas y los favores que enriquecieron a unos cuantos y le costaron a muchos.
Lo que es doloroso es conocer casos en los que las familias terminan endeudadas o sin bienes para suplir la desidia gubernamental.
