A partir del próximo 1 de abril más de 80 mil unidades económicas a nivel estatal caerán en estado de indefensión jurídica al no contar con aprobación sanitaria para operar en el estado de México y por la invalidez que tiene el Dictamen de Giro en esta materia.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México aseguró que es urgente la intervención de la LXI Legislatura de local para que corrija esta condición, explico que autoridades como la Coprisem pueden realizar verificaciones a bares, restaurantes, refaccionarías, tiendas comerciales y de autoservicios, rastros y talleres mecánicos y clausurarlos por no tener una dictaminación en materia de salud.
Los más de 500 dictámenes de giro que fueron aprobados desde los municipios el año anterior también carecerán de validez, por lo cual la situación puede desembocar en la clausura masiva de establecimientos y pone en peligro los más de 500 mil empleos directos que concentran estos giros a nivel estatal.
En conferencia de prensa señaló que la redacción que tuvo la reforma, que inicio su aplicación en enero de 2021, no consideró el hecho de que los ayuntamientos no tienen facultades jurídicas para autorizar o verificar establecimientos en materia sanitaria y esto puede desembocar en extorsiones para el sector.
Desde la iniciativa privada se hizo un llamado para que se abrogue la Ley de Competitividad vigente, se establezca un nuevo reglamento que garantice certeza jurídica a las unidades económicas y una hoja de ruta en la cual además esté considerada capacitación para los ayuntamientos en la aplicación de una nueva normativa.
A partir del 1 de abril todas las licencias de funcionamiento del año anterior quedan vencidas y por lo tanto se podrían hacer inspecciones por parte de la autoridad, por lo que estas 80 mil unidades económicas estarían operando sin un sustento jurídico.
Aseguro que si bien no es responsabilidad de los actuales diputados las condiciones en las que se está operando, si está en sus atribuciones corregirlo a la brevedad posible.
Mauricio Massud Martínez, presidente de Canirac en el Estado de México además se refirió a los más de 2500 expedientes que están pendientes de aprobación en los municipios para poder comenzar a operar y dijo, si en todo un año apenas se pudieron liberar 500 proyectos de inversión, difícilmente tendrán la capacidad para poder regularizar más de 80 mil que ya están operando
El sector además hará una solicitud para que se haga una prórroga ante la falta de licencias de funcionamiento que se tendrá y que esto no impacte en sanciones para los negocios.
