Según información de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estado de México, tan sólo en 2018 se registraron 15 mil denuncias por castigo corporal a menores mexiquenses.
Por esta razón, la procuradora Yunuén Pozas Serrano, comparte la idea del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de que urge una ley para sancionar esta conducta de parte de los agresores.
La funcionaria estatal señaló que en el 90 por ciento de estas denuncias, la familia de origen son los que cometen las agresiones, llámese padre, madre, padrastro, madrastra, hermanos, tíos inclusive los abuelos.
«Es importante porque tenemos muchos casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes y muchos papás se escudan en el derecho de corrección que tienen para poder hacer cualquier cantidad de cosas» dijo.
En este primer trimestre del año, lamentó que la cifra ya casi llega a las mil denuncias, que van desde quemaduras de lengua con cigarro, plancha en la espalda, patadas, rasguños, jalones de cabello que dejan sin cuero cabelludo a los menores.
«Es urgente hacer conciencia social, es urgente que los papás entiendan que los niños y niñas son personas con derecho y no son cosas que podamos maltratar y hacer como queramos».
Pozas Serrano lamentó que estos picos de incidencia coinciden con los delictivos de Toluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec, y en el cinturón del Valle de México que coincide con el número de agresiones a mujeres, mientras que las agresiones sexuales a los menores se dan en su mayoría en la zona conurbada a la Ciudad de México y en el sur de la entidad los cuales se canalizan a la Fiscalia General de Justicia.
Es de mencionar que en el caso de los niños de Ixtapan de la Sal, la funcionaria informó que están resguardados en el Centro de Asistencia Social, con protocolos médicos para descartar o detectar posible retraso mental o autismo y que a la fecha no han sido reclamados por sus familiares, pues su madre está llevando un proceso en la Fiscalia por un delito diverso y el DIF tienen que llevar el proceso de guardia y custodia a través del Poder Judicial.
