Todo iba bien con las protestas de estudiantes y anexos por el alza a la tarifa del transporte público del estado de México hasta que se atentó contra el edificio del Poder Legislativo mediante pintas. Y que no pretendan justificar los rayones pues se trató de vandalismo puro o como su nombre lo indica de acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna. Además, quienes lo hicieron fue con alevosía y ventaja pues iban encapuchados.
Escucha aquí a Patricia Maldonado. Dale play:
Es inadmisible que una protesta tan válida como es la de negarse al tarifazo dado el pésimo servicio que se prestan los concesionarios del transporte pase a convertirse en daño a los edificios públicos como si en algo ayudara pintarrajear.
Ahora huboque aplicar removedores químicos y lavar a presión la fachada de la Cámara se Diputados tal como ha ocurrido con el resultado de las movilizaciones por otros asuntos en la capital del país. Los manifestantes locales no hicieron más que copiar el modus operandi de los capitalinos y desvituar sus demandas.
Dada la situación, se tiene que aplicar la ley. El vandalismo se castiga según el Código Penal Federal, en su artículo 397, con una multa que va de cien a cinco mil pesos o hasta prisión de cinco a diez años. Pasamos pues de la demanda a ser demandados y las consecuencias se deben enfrentar. Todo iba bien.
