El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Carlos Núñez Armas, analiza la posibilidad 
de blindar al estado de México de una posible despenalización del aborto, como lo hizo la Legislatura de Coahuila, que asentaron en la ley la imposibilidad de modificar el Código Penal.
Esto luego de conocer el acuerdo que logró la Legislatura de Coahuila y de tener en la congeladora la iniciativa de ley que presentó el Partido Social Demócrata a principios del mes de septiembre y que promueve en toda la entidad a través de mantas y espectaculares.
La iniciativa fue entregada a la Junta de Coordinación Política que hasta entonces encabezaba el priista Eruviel Ávila Villegas, pero hasta el momento no ha sido presentada al pleno ni turnada a comisiones para su análisis debido a que el PSD carece de representación legislativa para promoverla y presionar a sus compañeros a su análisis.
En el documento que entregaron el pasado 2 de septiembre puntualizaron que la propuesta es que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Establecieron que no pueden cerrar los ojos a una realidad que muestra cerca de 15 mil abortos clandestinos al año.
Esto sin contar que 25 por ciento de las mujeres que han abortado legalmente en el Distrito Federal son mexiquenses; cinco por ciento menores de edad que acuden con sus padres y la mitad son mujeres casadas, con pareja estable y más hijos.
El aborto en el estado de México tiene penas que van desde uno hasta ocho años de cárcel a quien practique el aborto, además suspenden de tres a seis años la cédula al médico.El artículo 248 establece una pena de uno a tres años a la mujer que aborte; sólo resulta imputable si el bebé es producto de una violación, pone en peligro la vida de la madre, si el producto sufre alteraciones genéticas o es resultado de una “acción culposa” de la mujer.
