Monte Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reconoció en la ‘México Cumbre de Negocios’ que el incremento en el consumo de cocaína ha desatado una mayor violencia entre los cárteles de la droga dentro de territorio mexicano, «intimidando» a la población en general y provocando un «desgarramiento» al interior de la sociedad y sus corporaciones policiacas.
En su participación dentro de este evento empresarial Rubido García admitió que la delincuencia organizada ha posicionado con éxito un «terrorismo delictivo».
«Hoy en día España es el país que tiene el mayor consumo per cápita de cocaína en el mundo y México viene emparejándose, en México es el narcomenudeo y sin lugar a dudas, violencia».
Durante el panel ‘La lucha contra el crimen organizado en México’, afirmó que «estamos muy preocupados de que hoy en día es la violencia el tema que más nos aterra, no es el narcotráfico, no el narcomenudeo, es la violencia derivada de estos y aunque hemos tenido avances muy significativos en la lucha, también estamos conscientes de que siguen existiendo rezagos importantes».
El ex secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) aseguró que «el crimen organizado ha tenido la habilidad, ignoro yo, si de manera voluntaria o involuntaria, de posicionar el tema con una gran, gran precisión».
Sostuvo que las decapitaciones y las narco mantas, no tienen otro objetivo que «primero, marcar territorio entre bandas delincuenciales, y segundo, intimidar a las corporaciones policiacas y a la ciudadanía».
El funcionario federal manifestó que «el problema de la delincuencia organizada coexiste entre nosotros y por tanto traemos un peligroso desgarramiento social, a su vez se traduce en terrorismo delictivo que en mucho impacta en la ciudadanía».
Rubido García consideró que es necesaria una mayor participación ciudadana para denunciar las situaciones de venta y tráfico de drogas, y no solo esperar las acciones del gobierno ya que prevalecen las narco tienditas e incluso la participación de personas de la tercera edad en la venta de estupefacientes en el país.
