En entrevista para Así Sucede, el representante legal de los ahorradores mexiquenses, Alfredo Urbano Flores Moreno calificó la sentencia de su defraudador Salvador Soto Vásquez, como “Un logro” tras una lucha de 10 años que parecía inalcanzable para los afectados.
Alfredo Moreno sentenció que algunos funcionarios públicos fueron participes de que este caso culminar con la sentencia de Soto Vásquez tras una década después de lo ocurrido, por lo que seguirá buscando justicia para que todos los responsables sean sentenciados y puedan resarcir los daños a los afectados.
Así mismo, comentó que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) vieron esta sentencia como un mero acto político-social y no como una justicia social-jurídica, ya que no fueron al fondo del delito para resarcir los daños a las víctimas, sino que sólo buscaban condenar los hechos políticamente sin un interés social.
Durante la entrevista Flores Moreno acusó la falta de acción penal por parte de las autoridades mexiquenses para los demás acusados que participaron en el fraude, cómo Ricardo Espinosa Ríos (director administrativo) quien se encuentra localizado en la frontera de Mexicali, Tijuana y Ensenada a cargo de Clubes nocturnos gay y Catalina Hernández Alcántara (gerente de Matriz) quien, aseguran se encuentra viviendo en Estados Unidos en Alabama, Illinois.
Por su parte Mario Beltrán Osorio, uno de los primeros en ser detenido el 27 de Mayo de 2007, por el delito de abuso de confianza contra los “ahorradores” fue remitido al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apizaco así como a su hermano Adolfo Bernal Osorio que fungía cómo ex cajero general de la caja de ahorros detenido en 2006 en la ciudad de Toluca así como otros 30 presuntos implicados en este delito quienes pudieron asegurar su libertad con el mismo dinero que fue robado.
De Acuerdo con las declaraciones del Alfredo Moreno, en el año 2008, Jesús Ponce Rubio (secretario administrativo) quien se desempeñaba hasta 2015 en el juzgado cuarto Civil de Toluca, fue uno de los principales señalados del delito ya que en ese entonces él era el apoderado legal de la caja de ahorro “La Mexiquense” quien ya contaba con órdenes de aprensión cómo resultado del fraude. Sin embargo cuando este iba a ser remitido por las autoridades ministeriales él y Alejandro Gonzalez García; director de aprensiones en ese entonces, se encontraban en una reunión en un restaurante de la Plaza de Galerías Metepec, al salir y percatarse de los agentes ministeriales, Alejandro Gonzalez impidió el arresto de Jesús Ponce Rubio ya que anteriormente había interpuesto un amparo el cual supuestamente lo absolvía del caso de fraude así como a Ricardo H. Dutilly Palmer, ex vocal del Consejo.
Finalmente el representante legal de “los ahorradores” dijo que seguirá buscando justicia para los 299 demandantes activos de los 320 que denunciaron tan sólo en el estado de México – ya que de acuerdo a la información obtenida por Alfredo Moreno, esta producción de Bienes y servicios “La Mexiquense” llego hasta los estado de Guanajuato y Tlaxcala – de los cuales el 60% lamentablemente a fallecido, ya que la mayoría de los afectados eran personas de la tercera edad, y pese a las amenazas de muerte que recibió por parte de Salvador Soto Vásquez, continuara luchando por el bien de las familias afectadas.
**Con información de Juan Carlos Vázquez
