Aunque vivimos en una democracia “a la mexicana”, hay decisiones que no pueden ser ni tantito democráticas.
Las que tienen que ver con la operación de las escuelas de esta entidad federativa llamada México después del sismo del 19 de septiembre.
Lo digo porque apenas los padres de familia tenemos la posibilidad de influir en las decisiones sobre la escuela de nuestros hijos, aquello se vuelve un cuento de nunca acabar. Si ya existe un dictámen de Protección Civil, basta con que algún papá diga que desconfía del documento porque el que vale es el del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa —o a la visconversa— para que haya marcha, plantón y se impida la actividad escolar.
O en el caso de que una escuela que requiera reparaciones mayores o está inoperable, no falta el padre de familia que demanda que las clases comiencen ya, que se descarte cualquier mudanza y acuse a los gobiernos de estar de manos cruzadas.
Así es en el caso de las escuelas públicas. Y ni hablar de las instituciones privadas, donde nunca falta al que se le hace bueno que el dictámen de protección civil debe ir con sellos y firma de alguna oscura dependencia federal. Nomás por opinar… en aras de la seguridad de la comunidad escolar.
Por fortuna, parece que a quienes están a cargo de las decisiones —la Secretaría de Educación— les vienen guangos los comentarios y están tomando decisiones firmes, abriendo donde se puede abrir y manteniendo cerrado donde así debe ser.
Porque hay decisiones que no pueden ni deben ser democráticas.
