Al momento 11 de las 32 entidades federativas padecen estrés hídrico y dos tercios del territorio nacional se encuentran en zonas áridas o semiáridas, de no tomarse medidas de reuso y tratamiento además de la generación de infraestructura que permita su mejor aprovechamiento, para el año 2050 la cifra podría crecer a más de 20 estados, es decir, el 60 por ciento del territorio nacional.
María Fernanda Nieto, Asociada en Finanzas Públicas de la firma Standard & Poor´s refirió que la condición pone en riesgo diferentes elementos de la vida social y producitiva del país, desde el acceso básico y humano de las personas al recurso asi como las calificaciones internacionales que se le otorgan al país para enfrentar su vida y posición económica.
En el caso de la firma son 4 los elementos principales que se consideran para una calificación positiva:su economía, su deuda, su administración financiera, desempeño presupuestal y su posición de liquidez y mucho de esto se ve impactado por la cantidad y calidad de los recursos de los que se dispone de manera permanente.
En el caso de México uno de los puntos trascendentales en la materia es la posibilidad real que se tiene de ofrecer servicios básicos a la llegada de inversiones al enfrenta una posibilidad como es la re localización de empresas.
“Hay presión en parte económica y esto se puede limitar en inversión por frenos en recursos disponibles agua, luz, suelo y eso limita la capacidad que pueden tener los estados en mediano o largo plazo si implica que su crecimiento pueda verse frenado”.
A lo largo de los últimos años, es decir desde 2017 la reducción en los recursos presupuestales previstos para la Conagua han tenido disminuciones constantes, situación que mejoro un poco a partir de las presiones por los estados del norte derivado de las intensas sequias, sin embargo, se hace indispensable cerrar brechas de infraestructura, coordinar los diversos niveles de gobiernos para la toma de decisiones en conjunto e integrales, así como fomentar la creación de la Ley de agua, en las que se atiendan problemas como tarifas, operación de los organismos de agua, bancarización y limitantes operativas.
