Las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, de Finanzas Públicas y de Seguimiento de la Operación de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) de la 60 Legislatura sugirieron que para el proyecto de rehabilitación y conservación de la carretera libre de peaje Toluca-Ixtapan de la Sal-Tejupilco se implemente un comité o contraloría de vigilancia y seguimiento regional para evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
Lo anterior, como parte del análisis de la propuesta presentada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, con la que se pretende rehabilitar mil 637.8 kilómetros carreteros y para lo cual se busca obtener recursos por 13 mil 629 millones de pesos, en cuya discusión los diputados de morena manifestaron su desconfianza ante la falta de trasparencia, opacidad y falta de información que ha caracterizado a los proyectos bajo la modalidad de inversión denominada de Asociación Público Privada (APP).
Respecto al proyecto que sugiere la rehabilitación y mantenimiento de 82 caminos, que abarcan 45 municipios, y que podrá pagarse hasta en un plazo de 12 años, considerando 24 meses para el periodo de inversión y 10 años para el periodo de mantenimiento, la diputada Araceli Casasola Salazar, de la bancada del PRD, cuestionó el que hubiera subejercicios en años anteriores y esos recursos no se hayan destinado a esta obra, en tanto que la diputada María Luisa Mondragón, del PVEM, preguntó sobre el impacto ambiental del proyecto, y los diputados independientes, sobre obras similares en otras zonas y alterativas a la modalidad de APP.
Con la presencia de funcionarios estatales encabezados por el secretario de Comunicaciones del gobierno estatal, Luis Gilberto Limón Chávez, la diputada Beatriz García Villegas destacó la importancia de que las empresas licitantes no estén ligadas a actos de corrupción, y que los estándares de desempeño a los que deben de apegarse sean los que marcan las normas oficiales de construcción nacionales e internacionales y no los de la propia empresa. Propuso, además, la existencia de un comité de vigilancia y seguimiento regional de los caminos del sur, del que sean parte la ciudadanía y especialistas.
Por su parte, el diputado Max Agustín Correa Hernández (morena) sugirió una contraloría de información de la asociación público-privada con la participación del Poder Legislativo y de los municipios para evitar discrecionalidad en el proyecto; cuestionó cuál sería la inversión en el rubro en otras partes del estado y si el proyecto en los caminos del sur incluye ampliación de carriles; además, solicitó a los funcionarios un programa piloto para realizar vialidades con los integrantes de las comunidades.
El legislador Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, también de morena, aseguró que hace falta la rehabilitación de estos caminos, pues 55% de la gente que vive en esta zona se encuentra en situación de pobreza y 10% en extrema pobreza, sumando a ello que los grupos de la delincuencia aprovechan esta situación para realizar sus actividades.
Pese a ello, el diputado manifestó su desconfianza en el gobierno para la ejecución de este proyecto, pues lo calificó como uno de los más opacos y responsable de la situación que actualmente se vive en este tema. Preguntó cómo pueden saber los legisladores que el costo la obra no está inflado y a qué empresa se le va a asignar.
Asimismo, la legisladora Berenice Medrano Rosas, de la misma bancada, coincidió en que no hay confianza en el gobierno por la opacidad y falta de trasparencia e información en proyectos de este tipo, y aseguró que “sí queremos carreteras, pero no confiamos en lo público-privado”. Preguntó si este proyecto responde a un interés político o a una necesidad social.
El diputado Faustino de la Cruz Pérez, también morenista, apuntó que para él reservar mil 300 millones de pesos cada año, por diez años, es deuda. Planteó la necesidad de que el gobierno del estado exponga los resultados de los adeudos adquiridos por proyectos anteriores, y propuso que se presente uno en el cual puedan iniciarse obras sin tener que endeudar al estado, lo que “sería una muestra de voluntad política”.
Su compañera diputada María Elizabeth Millán García manifestó sus dudas respecto a si es este esquema no dará paso a la corrupción, y cuestionó si no es muy elevado el costo del proyecto, pues éste considera que se rehabilitarían 68.24 kilómetros por mes, lo que implicaría un costo del kilómetro rehabilitado de más de 2 millones de pesos.
En este sentido, preguntó si no es excesivo el gasto considerado para acciones de mantenimiento, así como qué garantiza que no se presenten subejercicios. Además, cuestionó qué otros financiamientos se pensaron aparte de este proyecto en beneficio de esta zona, aspecto en el que coincidió el diputado Juan Carlos Soto Ibarra, quien además quiso saber si se necesitará una licitación más para la supervisión externa de este proyecto.
La legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) preguntó si lo solicitado para el proyecto es deuda o no y sobre la situación de los intereses del monto que plantea el gobierno estatal para las obras; indicó que con los subejercicios de 2018 y lo que va de 2019 (65 mil millones de pesos) se habría abonado a la causa de los caminos del sur, y pidió que se revelara el nombre de la empresa que hizo el proyecto.
María Luisa Mendoza Mondragón, diputada del PVEM, preguntó si la adjudicación de esta obra será por licitación pública y cuál es el mecanismo de protección que se prevé en caso de que el proyecto genere sobrecostos por retraso. Cuestionó si el endeudamiento que se solicita ya considera el IVA y la inflación, cuáles son los impactos ambientales estimados y si se cuenta con permisos para afectar áreas naturales protegidas así como con un plan de mitigación del impacto ambiental.
El legislador Carlos Loman Delgado solicitó abundar en las fortalezas y oportunidades del proyecto para que, de cerciorarse que funcionará, se realice en otras zonas de la entidad.
El secretario de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón Chávez, detalló que la característica principal de este proyecto es que se trabajaría bajo estándares de calidad y desempeño y afirmó que es un esquema de inversión ambicioso, ya que sólo si cumple el estándar de desempeño, se activa la recuperación de la inversión.
Los funcionarios detallaron que el proyecto responde a un reclamo social y justicia para el sur y que no solo se trata de pavimentación, sino también de drenaje, alcantarillado, señalización y limpieza de caminos; aclararon que lo solicitado por el Poder Ejecutivo es una autorización para licitación pública y no adjudicación directa; que la obra se construirá en dos años pero tendrá mantenimiento por otros 10 años más, y que tiene una tasa de retorno de inversión con un 22.2% de beneficio social, lo cual, indicaron, es el doble de los proyectos promedio.
