Una vez que exoneró por ocho votos contra tres al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.
También quedaron libres de culpa los mandos que planearon el operativo, Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien dirigía la Agencia Estatal de Seguridad, así como otros funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones en Atenco.
Así, sólo los policías ejecutores de las lesiones y agresiones sexuales, sus jefes inmediatos y comandantes sectoriales fueron señalados como los responsables de violar los derechos humanos.
Los ministros exhortaron a los congresos y ejecutivos, federal y de las entidades del país, a aprobar leyes, reglamentos y protocolos para normar el uso de la fuerza pública, además de proponerles que adopten medidas administrativas y políticas públicas para hacer más aficientes y profesionales los cuerpos policiacos.
